El esfuerzo de la sociedad civil por combatir la corrupción en México se ha beneficiado con la modificación y creación de instituciones además “de las leyes necesarias para hacer frente a este fenómeno. Como muestra de esto, el presente siglo ha estado marcado por importantes reformas y la creación de nuevas leyes que constituyen el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado…”

Por otro lado, el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos…

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el encargado de transparentar la información pública y garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la Transparencia y apertura de las instituciones públicas; igualmente, coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

Podemos definir la corrupción como “el abuso del poder encomendado, para el beneficio propio”. Esto abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, tales como la promoción de aspiraciones políticas o profesionales.
Una táctica usada por Transparencia Sostenida, A.C. y otros grupos de la sociedad civil que trabajan en el área de la corrupción judicial es la de examinar casos individuales.

Debido a que la corrupción generalmente omite dejar huellas fehacientes, las apreciaciones de la corrupción basadas en el examen de las experiencias individuales, a veces son la mejor y la única fuente de datos con que contamos.

Las evaluaciones de casos, no obstante, deben ser cautelosas. Los jueces consideran que tienden a menoscabar su autoridad y circunscribir su independencia e imparcialidad. Ello se debe en parte a la cobertura sensacionalista y polarizada que tienden a recibir esos casos, de los medios. A fin de minimizar la cobertura periodística polarizada, se deben tomar las precauciones necesarias para asegurar que dichos estudios no admitan sesgos, estén basados en hechos y traten sobre temas que afectan a todos los ciudadanos. De esta manera, las instituciones de justicia serán menos propensas a descartarlos o ignorarlos. Los estudios de caso no pueden por sí solos impulsar la adopción de reformas, pero son importantes herramientas para que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen mecanismos e indicadores de control.

La falta de transparencia e integridad tiene un impacto negativo en el desarrollo, genera desconfianza dentro de la propia sociedad, hacia las instituciones incluyendo al gobierno, contribuye al abandono de derechos, desinterés de lo público e inhibe la participación.

En el desarrollo de las propias capacidades y prácticas democráticas, las OSC juegan un rol potencial de “escuelas” testimoniales para el fortalecimiento de una cultura de transparencia, integridad y corresponsabilidad.

El encuentro, intercambio de experiencias y propuestas entre las instituciones públicas y privadas, así como el fortalecimiento de las capacidades del papel educativo de las OSC frente a la sociedad, representa una posibilidad estratégica para abrir un espacio de reflexión y deliberación conjunta sobre los temas de transparencia, integridad y rendición de cuentas a la luz de los procesos democráticos y los esfuerzos de desarrollo.

La transparencia guarda estrecha relación con el derecho de acceso a la información pública, cualidad de los gobiernos democráticos consistente en dejar ver al público sus estructuras, funcionamiento y procesos de toma de decisiones. Son de enorme importancia los esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad civil destinados a crear y promover una cultura de la transparencia, una actitud ética en los servidores públicos y en los ciudadanos que les permita estar bien informados acerca del funcionamiento, proyectos y ejercicio presupuestal de sus gobiernos.

Una causa de la corrupción judicial en México es el alto nivel de impunidad, la cual es generada y apoyada por los varios actores en el sistema judicial: la policía, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios.

Es necesario investigar y promover la rendición de cuentas públicamente, respecto de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo las quejas sobre corrupción generalizada.

Una de las razones por las que existe corrupción en el sistema judicial es la falta de ética pública, que de otra forma prevendría a los servidores públicos de involucrarse en actos deshonestos.

En cualquier política pública anticorrupción exitosa y exhaustiva, la prevención de la conducta corrupta es central.

Para asegurar que las leyes anticorrupción se están cumpliendo de forma eficaz, el gobierno necesita monitorear el proceso de implementación. La información sobre la implementación puede ayudar a los administradores a descubrir las tendencias y a distribuir los exiguos recursos, con base en las actividades y el desarrollo del cumplimiento. Los valores atípicos en las estadísticas y las tendencias repentinas pueden ayudar a identificar las áreas que necesitan mayor investigación y posible acción correctiva.

Se puede obtener información objetiva de las características institucionales que pueden originar oportunidades de corrupción tales como las prácticas de compras.

Los contratos públicos también son nuestros contratos, ¡sólo que son firmados por el gobierno en nuestro nombre! Estamos obligados por estos contratos y normalmente no tenemos la oportunidad de leerlos – aún menos de participar en el momento de darles forma.

Es posible y necesario crear nuevas reglas bajo cuyo mandato las contrataciones públicas incluyan mecanismos para una divulgación y una participación efectivas.

¡Las contrataciones abiertas son importantes para todos! Los contratos son un bien público que el gobierno firma en nuestro nombre. A todos nos deberían importar las contrataciones.

Información es poder; y es poderosa sin importar en qué entorno se trabaja – tenga o no uno acceso directo a la información de las contrataciones. Hay muchas formas de obtener información, y esto incluye canales informales que fortalecerán nuestros esfuerzos en contrataciones abiertas.

Las contrataciones abiertas van más allá de los propios contratos, por sí mismos. Se trata también de generar confianza en personas que a menudo tienen intereses divergentes: acercarse a las partes interesadas desde el inicio, intervenir en las relaciones y trabajar en colaboración con los demás a lo largo del proceso, son elementos esenciales de las contrataciones abiertas.

La información pertinente sobre los contratos, así como la gestión y documentación de datos y registros, son temas fundamentales durante el proceso de contratación.

La divulgación y la participación en contrataciones públicas provocan un mejor desempeño contractual y mejores resultados en materia de desarrollo.

Promoviendo la divulgación o revelación de información contractual y creando oportunidades para la participación de las partes interesadas, el proceso de contratación abierta fomenta una participación colaborativa entre actores públicos, privados y de la sociedad civil, que ayudará a mejorar la rendición de cuentas en la toma de decisiones y contribuirá a generar confianza entre las partes interesadas.

La complejidad y gravedad de la corrupción requiere de soluciones que combatan desde la raíz sus causas y no sólo los síntomas, es decir, las garantías primarias o secundarias que el Estado tiene que generar para asegurar derechos como la igualdad, libertad, seguridad o propiedad, deben complementarse con acciones que permitan concebir la importancia de la ética pública. No pasan desapercibidos los esfuerzos implementados al haber impulsado el Pacto por México, signado el día 02 de diciembre de 2012, el cual permitió la aprobación de diversas reformas estructurales que comprendieron un marco normativo renovado en materia de contabilidad gubernamental; gobiernos abiertos a través de la Alianza del Pacífico; creación de un Sistema Nacional de Transparencia; legislación general en materia de acceso a la información; creación del Sistema Nacional Anticorrupción; la restructuración de órganos garantes federales y locales autónomos y especializados en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Sin embargo, las correspondientes reformas, que lo ubican dentro de una de las regiones con mayor liderazgo en materia de derecho de acceso a la información pública y que tienen por objetivo en menor o mayor medida modificar los patrones de viejas prácticas como el corporativismo, el amiguismo o el compadrazgo, son insuficientes ya que sólo se obtendrán los resultados esperados hasta en tanto se comience a generar una cultura de legalidad y una sólida participación ciudadana en los asuntos públicos.

Es tiempo del empoderamiento de la sociedad, en el que las discusiones teóricas y los debates se encaminen a acciones concretas que fortalezcan el sistema democrático mexicano, en el que el desinterés de la mayoría de la población, deje de favorecer la opacidad y el secretismo.