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LA VENTANA
LA VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA IDENTIFICAR Y DENUNCIAR POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN
Lic. Dalia H. Pérez Medina
Integrante de Arkemetría Social A.C., organización que trabaja para fortalecer la relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales con base en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Es tal la importancia de los 329 mercados públicos de la ciudad, que en 2016 se publicó el “Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de México” que señala:
Estos lugares se aferran a continuar siendo una pieza indispensable en la sociedad a pesar de una serie de condiciones adversas; por ejemplo, las acciones de gobierno en materia de fortalecimiento de mercados públicos fueron impulsadas fuertemente en los años 50 pero se abandonaron en los 80 por la entrada en vigor de las políticas neoliberales, tanto que en 1986 se publicó un acuerdo en el que se ofreció a las y los locatarios que adoptaran por sí mismos la administración de los mercados públicos señalando:
Actualmente, los mercados públicos compiten en condiciones desiguales con supermercados, centros comerciales, comercio ambulante, tiendas de conveniencia, entre otras. El aumento de los costos y la inflación afecta las ventas de las 1,940 locatarias y locatarios del Mercado de Jamaica empadronados [de acuerdo con información del portal de transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza], sin contar el resto de los empleos que se generan aquí, como taxistas, estibadores, diseñadores, ayudantes en general, entre otros.
A esto hay que agregar la opacidad, la falta de información pública, así como el desconocimiento de derechos humanos, como el Derecho de Acceso a la Información (dai) y el derecho a la participación ciudadana, y las obligaciones de las autoridades en la materia, que agravan la situación y merma las posibilidades para una incidencia ciudadana que impulse una nueva política de mercados en beneficio de la comunidad de comerciantes y de las personas consumidoras.
Ante esta circunstancia, Arkemetría Social a.c. desarrolló el proyecto “Jamaica Zona y Vive transparentes” el cual tuvo el objetivo de capacitar a locatarias y locatarios de estos mercados a través del conocimiento de la transparencia y el ejercicio del dai. El proyecto se realizó a finales del 2021 y fue financiado por el Programa de Sensibilización de Derechos (prosede) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai).
En la implementación, se identificaron distintos temas de interés para las personas participantes. Uno de los más recurrentes fue conocer acerca del presupuesto público de los mercados. Para el caso, se decidió enfocar la investigación en los recursos que se generan por el cobro de los servicios de estacionamiento y sanitarios públicos del Mercado Jamaica Zona, debido a que la gestión de éstos es opaca, lo que genera sospechas de posibles actos de corrupción y desconfianza en los servidores públicos responsables.
Esta situación puede observarse en el deterioro de la infraestructura de los servicios de sanitarios y estacionamiento, así como en la respuesta constante de las autoridades que argumentan que no hay presupuesto cuando se solicita su mejora. La clientela también expresa su enojo por el aumento de las tarifas y la mala calidad de los servicios, situaciones que afectan la actividad comercial del mercado. Se exploraron los portales de transparencia de distintas instituciones y se realizaron solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con lo que se pudo saber:
- Que estos recursos se llaman recursos de aplicación automática o recursos autogenerados.
- Que la Constitución Política de la cdmx (cpcdmx, 2017) señala en su artículo 55 que estos recursos se generan de todas las instalaciones asignadas a las alcaldías, que son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Y el artículo 21 establece que las alcaldías son responsables de captar, registrar, administrar y ejercer estos recursos.
- Que la Ley Orgánica de Alcaldías (loa, 2018) menciona en el artículo 171 que estos órdenes de gobierno pueden fijar y modificar las tarifas, y el 174 dice que los recursos deben destinarse preferentemente al área donde se generó para el mejoramiento de las instalaciones y el abastecimiento de insumos.
- Existen 16 alcaldías con las mismas atribuciones, sin embargo, hay 16 portales de transparencia diferentes. Además, su organización en artículos y fracciones limita y dificulta el acceso a la información, pues no se basa en los intereses de la ciudadanía sino en el cumplimiento de los Sujetos Obligados (so).
- Los so deben cumplir con sus obligaciones de transparencia, entre ellas: actualizar por lo menos cada tres meses sus portales, señalar el área que genera la información y la última fecha de actualización.
- Mejorar la calidad de la información presupuestal mediante el uso cotidiano de formatos en datos abiertos, generar información con mayor detalle y desglose, difundir versiones ciudadanas, integrar las mismas clasificaciones presupuestales en los documentos (que permitan la comparación de los datos), garantizar la pertinencia de la información, etc.
- Fortalecer a los órganos garantes con más atribuciones para garantizar que los so cumplan a cabalidad con la ley en la materia.
Sin embargo, estas propuestas no son suficientes para lograr un cambio cuando hablamos del manejo corrupto del presupuesto público, ya que la corrupción tiene distintas caras. Vázquez (2018) cita a Mény para exponer una parte del complejo fenómeno, el cual considera que la corrupción se puede interpretar
Ante estas redes complejas que se constituyen para la realización de actos de corrupción es necesaria una estrategia igual de compleja que active distintas vías: la transparencia y el dai son herramientas básicas para acceder a la información y visibilizar los posibles actos de corrupción o los errores en la administración pública.
Sin embargo, documentar y visibilizar los actos es solo el primer paso para poder hablar del control de la corrupción. Además, son necesarias la promoción y la atención efectiva de las denuncias, la garantía de no impunidad, el fortalecimiento de instituciones como auditorías, contralorías y en general, los sistemas anticorrupción. En especial debe considerarse la promoción de la participación ciudadana y la vigilancia del gobierno en un contexto de seguridad, ya que en la lucha contra la corrupción se tocan intereses poderosos.
En materia de vigilancia del presupuesto público se propone impulsar procesos de formación ciudadana que incluyan:
- El conocimiento y ejercicio de los derechos políticos y civiles (donde se integra la transparencia y el DAI).
- El conocimiento del funcionamiento del ciclo del presupuesto público y de la información financiera que se genera y su conexión con la realidad de las personas.
- El enfoque de la micro transparencia, como lo propone Fölscher (2015), para desarrollar ejercicios que se apliquen a la estructura política y administrativa más cercana al punto de la prestación de los servicios públicos, los cuales tienen el objetivo de mejorarlos.
- La idea de Alonso (2011) de promover la creación de núcleos autónomos de administración eficiente de los recursos públicos. (Vázquez, 2018, p.317)
Estos puntos se han integrado en la investigación de los recursos de aplicación automática del Mercado Jamaica Zona, cuyos resultados permitirán: primero, realizar una guía ciudadana para que las y los locatarios de los mercados públicos impulsen y defiendan presupuestos públicos transparentes.
En segundo lugar, para integrar mecanismos de transparencia que permitan reducir las áreas de corrupción como la automatización del registro de entradas y salidas de estacionamiento y sanitarios; la rendición de cuentas de los servidores públicos por medio de informes trimestrales de ingresos y egresos, así como en asambleas; la participación de las personas locatarias, productores, ambulantes, estibadores y clientes.
Realizar estos cambios implica un proceso de largo plazo, es indispensable que la ciudadanía se interese más por el presupuesto público a nivel local, ya que de acuerdo con Vázquez (2018) la corrupción impacta de forma negativa la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos humanos. Además, se requiere de una estrategia múltiple que garantice la disponibilidad de información pública de calidad, voluntad política de las alcaldías, la capacitación y colaboración de los servidores públicos, la participación ciudadana en un contexto de seguridad, el fortalecimiento de las instituciones en materia de prevención y sanción de la corrupción, la aplicación de sanciones y la reducción de la impunidad en estos casos.
Este escenario amplía las posibilidades para que un día los recursos que se generan en los mercados públicos se utilicen con transparencia en la mejora de los servicios que ofrecen y en la calidad de vida de las y los comerciantes, así como en la preservación de estos lugares como parte del patrimonio intangible de la ciudad. Además, para reducir las posibilidades de que sucedan actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Para el señor Barreto, Martín y Blanca por su compromiso ciudadano
- Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos para que las organizaciones de comerciantes y los locatarios de los mercados púbicos del Departamento del Distrito Federal, adopten voluntariamente el sistema de autoadministración de estos inmuebles. Diario Oficial, Distrito Federal, México, 11 de marzo de 1986.
- Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX). Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ciudad de México, México, 5 de febrero de 2017.
- Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ciudad de México, México, 16 de agosto de 2016.
- Fölscher, A., (2015). Fiscal Openness to Make Government Work Better: Are we doing enough? s/d: Global Initiative for Fiscal Transparency, International Budget Partnership.
- Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México (LOA). Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ciudad de México, México. 4 de mayo de 2018.
- Vázquez Valencia, Luis. (2018). Corrupción y derechos humanos. ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrupción?,\Peter Lang, Alemania.
