La corrupción sigue siendo un problema cotiano en todo el mundo y especialmente generalizado en los países con menor desarrollo y con baja institucionalidad. Aunque desde hace muchos años pasamos incontables horas hablando de corrupción y de politicas anticorrupción, en general, no vemos buenos resultados.

Las razones que explican los pobres resultados son muchas. Entre ellas está que los gobiernos no han logrado pasar de los discursos y mejorar la calidad de vida de las personas ni su nivel de bienestar. Las malas condiciones sociales de la población se mantienen practicamente iguales o peores. Sin mejoras en el funcionamiento de los diversos sistemas (seguridad, educación, empleo, salud), incluido el sistema de justicia, parece imposible abatir los niveles de corrupción. Aunado a que en la población se mantiene una percepción negativa sobre los altos niveles de impunidad, especialmente de quienes ocupan o ocuparon los niveles más altos de responsabilidad en el servicio público.

Entre estas razones (pobres resultados en materia anticorrupción) también está la prevalencia de la falta de transparencia en áreas de manejo presupuestal y la dificultad de las personas para acceder a la información pública relevante.

Una manera eficiente de focalizar la corrupción y de lograr mejoras puntuales es difundiendo información pública y teniendo apertura a la contribución ciudadana y de la academia. El principal problema al que nos enfrentamos quienes trabajamos con algún ángulo de la corrupción es la dificultad para acceder a los datos oficiales. Sabemos que la corrupción es un problema grande y que esta presente en todas las áreas de la vida pública pero no conocemos su tamaño real ni sus características específicas. De manera que, pese a que la información en general hoy circula con mayor velocidad, los datos de corrupción (especialmente los datos de calidad y los conjuntos de datos) no tienen la misma suerte.

Este problema (dificultad o imposibilidad para obtener datos oficiales) condiciona la viabilidad o el éxito de cualquier esfuerzo anticorrupción. Los datos permiten conocer mejor el problema y pasar del discurso genérico anticorrupción al diseño de acciones o de políticas específicas para enfrentarlo. La corrupción tiene distintas expresiones. Es claro que no se combate igual un problema de corrupción que ocurre, por ejemplo, con una persona que trabaja en un centro penitenciario y que está a cargo de la revisión de personas que ingresan como visitantes y que les exige un pago -indebido- de una cuota o propina para permitirles el acceso; que la que ocurren en los niveles más altos de responsabilidad pública, y que emplea cargos estrategico y mecanismos para desviar millonarios recursos públicos del presupuesto asignado a una secretaría o dependencia de gobierno, para financiar campañas electorales o para enriquecerse indebidamente.

Debido a la amplitud del problema y a las multiples formas que emplean quienes cometen actos de corrupción, los datos son indispensables para enfrentar con seriedad y con posibilidades de éxito las politicas y acciones anticorrupción.

La evidencia demuestra que la sociedad civil organizada puede ayudar a las administraciones a detectar áreas corruptas y mecanismos de corrupción. El poder de ésta tiene un alcance mayor al que, puede tener una sola persona -que quizá lo más que puede hacer es presentar una denuncia (en un sistema caracterizado por la baja eficiencia y la debilidad institucionalldidad) a la que difícilmente le dará seguimiento, y respecto de la cual, probablemente no tenga ni la paciencia ni con las pruebas necesarias para lograr una sentencia condenatoria. En este punto, es necesario aclarar que no se está afirmando que una persona no pueda provocar cambios en un sistema corrupto, lo que se plantea es que, debido a las características y deficiencias del sistema de justicia, esas acciones parecen tener un impacto limitado.

En cambio, el poder de la sociedad civil organizada, y la idea que sostiene que la publicidad de datos abiertos tienen impactos positivos, lo podemos ilustrar con un ejemplo. En el caso llamado por Carin Zissis: El curioso caso de los profesores “fantasma” (2014) la autora se refiere a un estudio hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) en el 2014 con información del censo de la Secretaría de Educación Pública del mismo año.

Para contextualizar los hallazgos de imco, Zissis señala que en el año 2011 el gasto en educación se situó en el 6,2% del pib, justo por encima de la media de la ocde. Sin embargo, el gasto por alumno fue relativamente bajo en los niveles de primaria y secundaria, mientras que un nivel relativamente alto de gasto se destinó a los salarios de los profesores.

¿A dónde va el dinero? El estudio del imco, en palabras de Zissis, descubrió que en el mejor de los casos, era necesario contar con datos más transparentes y, en el peor, la información que indica un gasto educativo cuestionable. El informe encontró que 1,440 maestros en la nómina del estado de Hidalgo eran centenarios que compartían la misma fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1912. Que al menos 70 profesores ganan más que el presidente de México y unos 91.000 tenían sueldos lo suficientemente altos como para situarse en el 10 por ciento de los mayores ingresos de México. Asimismo, que cientos de profesores ocupaban puestos relacionados con la tecnología de la información en escuelas que no tienen electricidad. Y el gobierno gastaba 27 millones de dólares al año en escuelas “fantasma” inexistentes y en decenas de miles de profesores “fantasma” que no se presentan a trabajar.

La inexistencia y/o la entrega indebida de los puestos de trabajo a las y los profesores es un probema mayúsculo, pero en realidad lo que en esta oportunidad interesa destacar es que, éste es claro del poder que tiene la información oficial cuando se transparenta y se pueden usar los datos.

La publicación de este tipo de estudios genera reacciones que incluyen que los gobernantes deban responder preguntas incómodas a la población, posicionarse sobre el tema y realizar “correcciones” al sistema. Todo lo cual es acorde a un sistema constitucional de equilibrios y controles en donde los gobiernos ponen a disposición información relevante y las personas la pueden revisar y pedir explicaciones.

Como reflexiones finales de esto podemos señalar los siguientes puntos: