Los mecanismos para transparentar la información y documentos públicos del Estado son uno de los bastiones de sociedades democráticas. En donde hay transparencia hay mayor posibilidad de rendición de cuentas. Por el contrario, cuando hay opacidad existe vía libre para personas y empresas que quieran tener ganancias a costa del Estado y de los gobernados. En otras palabras, entre más transparentes sean los actos de las autoridades, empresas e individuos, menores serán las posibilidades de que se lleven a cabo estas prácticas indebidas.

En México, el derecho al acceso a la información pública se encuentra plasmado en la Constitución. Para que ello ocurriera existió un impulso fundamental por parte de la sociedad civil organizada y un respaldo significativo de todos los partidos políticos. La reforma constitucional que incluyó ese derecho humano a la Carta Magna fue uno de los avances democráticos más importantes en nuestro país.

Por su parte, el acceso a la información ha permitido que cientos de casos de corrupción sean revelados. El ejercicio de ese derecho por ciudadanos, ciudadanas y organizaciones civiles ha revelado prácticas indebidas de gobiernos federal, locales o municipales. El acceso a la información pública ha generado un sinfín de procesos de rendición de cuentas a diferentes escalas, que nutre a la República y suma a la vida pública.

El derecho de acceder a la información pública debe ser progresivo. Es un retroceso constitucional y democrático el acto o la omisión de cualquier autoridad tendiente a obstruir que ciudadanos y ciudadanas tengan al alcance información sobre la forma en que se hace gobierno. De ahí la importancia de que se protejan las instituciones, mecanismos y plataformas que garantizan el ejercicio del mencionado derecho, entre ellos, la sociedad civil organizada.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen la tarea fundamental –y la han ejercido a cabalidad en el presente y en el pasado– de generar procesos de rendición de cuentas. A través de la capacitación, de la incidencia pública o de juicios de interés público, las organizaciones civiles tienen un rol activo para garantizar el acceso a la información y, a través de éste, para combatir la corrupción y los actos indebidos del Estado y de sus funcionarios.

Son un sector con fuerte influencia y presencia en la vida pública de nuestro país. Garantizar el acceso a la información y combatir a la corrupción requiere de una conciencia pública que las sociedades civiles organizadas tienen la posición para generar. Las asociaciones se encuentran en una posición privilegiada para esos efectos.

Para mejorar la posición de las organizaciones civiles, los ciudadanos tienen que encontrar el valor que aquéllas tienen. Pero más importante aún, el Estado mismo es el que debe encontrar el valor agregado que ofrece al trabajar con las organizaciones de la sociedad civil.

Para que las organizaciones civiles puedan atender completamente sus causas y ser aliadas del gobierno requieren un entorno favorable, así como la simplificación de requisitos y reglas a las cuales se encuentran sometidas, en lugar de vivir con la preocupación de ser un objeto de ataque por parte del Estado. Reconocer el rol que juega la sociedad civil en nuestro país nos ayudará a protegerla y promover sus acciones, que favorecen a todos como sociedad y como país.

Hoy en día, las organizaciones civiles han enfrentado barreras especificas por la administración pública y los tribunales para ejercer el objeto para el que fueron creadas. Se trata de regulación excesiva en materia tributaria, de restricciones para su financiamiento, de su falta de reconocimiento formal para comparecer ante órganos del Estado y, en general, de la mala concepción que ciertos gobiernos tienen del trabajo que llevan a cabo.

Existe por la tanto la necesidad de reducir esas barreras técnicas y fomentar reformas legales para que las organizaciones de la sociedad civil se les reconozca el derecho de defender derechos humanos, como lo es el vivir en un ambiente libre de corrupción, así como defender intereses supraindividuales y derechos objetivos. Debe también existir una presunción para que a las organizaciones de la sociedad civil se las reconozca como tal cuando estén constituidas y registradas ante cualquier registro oficial, nacional o internacional.

La capacitación, fortalecimiento y reconocimiento formal y práctico de las organizaciones de la sociedad civil también tiene relevancia para efectos del litigio estratégico o litigio de interés público. Éstos son juicios iniciados por organizaciones para defender derechos colectivos –la representación de Comunidades indeterminadas, pero determinables– y para demandar la vulneración de esos derechos humanos de la ciudadanía en general. Dan voz a quienes no la tienen y por medio de acciones estratégicas la sociedad civil combate a la corrupción. El litigio estratégico permite visibilizar problemas sociales y así exigir a las autoridades la rendición de cuentas frente a una autoridad. Por ello es necesario perfeccionar su implementación y funcionamiento.

El litigio estratégico que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil para promover el acceso a la información y combatir posibles actos de corrupción, se trata de un proceso de rendición de cuentas en sí mismo. Es un proceso en que las autoridades dan respuesta a requerimientos de información que no atendieron, donde las autoridades también pueden alegar si el acto que dictaron es o no constitucional. Es un proceso de contención en donde la sociedad y el Estado se benefician en el momento de rendir cuentas.

Las organizaciones civiles se han constituido como un factor decisivo en la defensa del derecho de acceso a la información pública y del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Con éxito, han revelado esquemas indebidos, designaciones cuestionables y actos reprobables por parte del Estado.

Ahora, la visión tornará hacia la exigencia de reparar los daños como consecuencia de los actos indebidos que minaron el acceso a la información y que generaron actos de corrupción en detrimento de los derechos de las personas.