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EL ÁRBOL DEL PARAÍSO
EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA PARA CIUDADANIZAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Mtra. Greta Ríos
Presidente y fundadora de Ollin A.C., organización que promueve el estado de derecho a través del fortalecimiento de instituciones democráticas y el empoderamiento de la ciudadanía.
Contexto
El presupuesto participativo en la Ciudad de México cumplió 10 años de ejercerse de manera institucionalizada en 2021. De acuerdo con el artículo 26, párrafo B de la Constitución Política de la Ciudad de México, el presupuesto participativo es un derecho que tienen los ciudadanos y que consiste en decidir sobre el uso, administración y destino de los recursos públicos destinados para tal fin. Este mecanismo está regulado en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, misma que fue aprobada y entró en vigor el 12 de agosto de 2019. Dicha ley establece que se destinará 4% del presupuesto total anual de cada una de las alcaldías para que sea la ciudadanía, a través del voto, quien decida en qué se utilizará ese dinero.
Durante estos 10 años, han pasado cosas extraordinarias en torno al presupuesto participativo en la Ciudad de México. Por ejemplo, dado que los niños tienen la facultad de presentar proyectos al mecanismo de presupuesto participativo, existen casos en donde las ideas presentadas por menores de edad han resultado ganadoras y se han implementado, resultando en proyectos de gran creatividad e impacto social. El presupuesto participativo también se ha utilizado a lo largo de estos años para materializar mejoras en pro del tejido social, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la justicia social, a través de la implementación de proyectos de huertos urbanos, talleres de microemprendimiento, sistemas de recolección de agua de lluvia, senderos seguros, rehabilitación de áreas verdes y deportivas, cooperativas comunitarias, por citar unos cuantos.
Sin embargo, el gran problema que tiene el mecanismo del presupuesto participativo actualmente consiste en la falta de seguimiento con relación a la correcta ejecución de los proyectos ganadores. Esta situación deriva de diversos factores. En el presente artículo describe algunos de ellos y una alternativa de solución, a través de la de las herramientas del derecho de acceso a la información pública
La rendición de cuentas y el presupuesto participativo en la Ciudad de México
La implementación de los proyectos ganadores en el mecanismo de presupuesto participativo de la Ciudad de México presenta muchísimas áreas de oportunidad. Una de ellas es que existen diversas autoridades que son responsables en distintos momentos del proceso, pero no hay comunicación entre ellas y tampoco existen mecanismos de seguimiento. Así, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de 2019, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de consulta en materia de presupuesto participativo. Esto incluye desde el registro de proyectos hasta la determinación de los proyectos ganadores. A partir de esta etapa, corresponderá a las autoridades delegacionales (para proyectos anteriores a 2020) o a los propios vecinos (a partir de 2020) la implementación de los proyectos, así como la comprobación de las erogaciones y la rendición de cuentas al público en general. Sin embargo, las autoridades locales no tienen ninguna obligación de rendir cuentas, por ejemplo, ante el Instituto Electoral, sobre la ejecución correcta de los recursos del presupuesto participativo.
Al no existir un solo organismo que pueda dar seguimiento a la ejecución de los más de 1,800 proyectos que se deberían llevar a cabo anualmente en toda la ciudad, es difícil poder saber cuáles de éstos se implementaron y en qué condiciones. Esto genera un problema por varios motivos: en primer lugar, desincentiva la participación ciudadana. Si una persona participa, invirtiendo su tiempo y energías en promover o apoyar un proyecto y éste, aun resultando ganador, no se implementa o se implementa de manera distinta a la propuesta, la ciudadanía perderá confianza en el mecanismo del presupuesto participativo, en las instituciones que intervienen en él y, en última instancia, en la democracia misma. Por otro lado, aun cuando el proyecto se haya implementado en tiempo y forma, si los ciudadanos no tienen fácil acceso a la información que les permita verificarlo, el sentimiento de desconfianza también habrá de afectar su percepción entera del mecanismo y de la democracia misma.
Tratarse de dinero público, la obligación de reportar respecto a cómo se gasta este recurso anualmente existe para cada una de las alcaldías en la Ciudad de México.
Sin embargo, no se cuenta con una base de datos general en donde se pueda consultar el estado que guarda cada uno de los proyectos y mucho menos, en donde se pueda comparar a través del tiempo cómo se ha llevado a cabo la implementación de los mismos por alcaldía o por colonia. Además, tampoco se cuenta con información sobre la forma de contratación de proveedores ni el estado en que se entregó cada uno de los proyectos contratados.
Ante esta carencia de información, Ollin, A.C. se dio a la tarea de utilizar el derecho al acceso a la información para solicitar a diversos entes obligados la información relativa a la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en la Ciudad de México, de 2011 a 2019. Con la información recabada, se generó un portal en línea en donde se puede visualizar año por año, colonia por colonia y proyecto por proyecto, el estado que guarda la implementación de cada uno de los proyectos ganadores, así como la cantidad de votos que obtuvo en la consulta del presupuesto participativo y cuál fue el presupuesto que se destinó a la implementación de dicho proyecto.
Armar este sitio web no fue tarea sencilla. Hubo que homologar muchísima de la información, volver a capturar mucha otra, hacer pruebas lógicas y ensamblar una base de datos maestra, que pudiera responder a las solicitudes de información por parte de los usuarios. Al día de hoy, la plataforma cuenta con información de 2014 a 2019, ya que los datos más antiguos están en formatos que no son automatizables y requerirán de un conjunto de personas que los sistematice para poder ser incluidos en la base de datos.
La necesidad de armar esta base de datos de manera casi artesanal nos resalta que, aun cuando el acceso a la información es un derecho en nuestro país, estamos muy lejos de lograr que éste sea accesible para todos los públicos y automáticamente compatible con la generación de este tipo de herramientas, al no estar los datos reportados en bases de datos inteligibles por sí mismas.
Ejercer nuestro derecho al acceso a la información nos ha permitido ser mucho más proactivos en darle seguimiento al uso de estos recursos públicos en proyectos de beneficio comunitario y a entender mucho mejor cómo funcionan los procesos de gasto público para la ejecución de un proyecto. La idea de publicar esta información es facilitarle a los ciudadanos de a pie las acciones para dar seguimiento a los proyectos ganadores en sus colonias, así como exigir sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, al tener elementos objetivos para reclamar que los proyectos ejecutados sean exactamente los que resultaron ganadores en la consulta anual de presupuesto participativo. Esto, a su vez, contribuye a combatir activamente las posibles acciones de corrupción que pudieran darse en el marco de la ejecución del presupuesto participativo.
Creemos que este portal es un buen primer paso para lograrlo todo lo anterior, pero también sabemos que el camino que queda por transitar sigue siendo muy largo. En materia del derecho de acceso a la información, aún quedan muchos obstáculos que salvar. Sin embargo, vale la pena recordar cómo este derecho se convierte en garante de muchos otros y cómo, mientras más lo ejecutemos, más difícil será que persista la opacidad y las malas prácticas gubernamentales en la materia.
La implementación de los proyectos ganadores en el mecanismo de presupuesto participativo de la Ciudad de México presenta muchísimas áreas de oportunidad. Una de ellas es que existen diversas autoridades que son responsables en distintos momentos del proceso, pero no hay comunicación entre ellas y tampoco existen mecanismos de seguimiento. Así, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de 2019, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de consulta en materia de presupuesto participativo. Esto incluye desde el registro de proyectos hasta la determinación de los proyectos ganadores. A partir de esta etapa, corresponderá a las autoridades delegacionales (para proyectos anteriores a 2020) o a los propios vecinos (a partir de 2020) la implementación de los proyectos, así como la comprobación de las erogaciones y la rendición de cuentas al público en general. Sin embargo, las autoridades locales no tienen ninguna obligación de rendir cuentas, por ejemplo, ante el Instituto Electoral, sobre la ejecución correcta de los recursos del presupuesto participativo.
Al no existir un solo organismo que pueda dar seguimiento a la ejecución de los más de 1,800 proyectos que se deberían llevar a cabo anualmente en toda la ciudad, es difícil poder saber cuáles de éstos se implementaron y en qué condiciones. Esto genera un problema por varios motivos: en primer lugar, desincentiva la participación ciudadana. Si una persona participa, invirtiendo su tiempo y energías en promover o apoyar un proyecto y éste, aun resultando ganador, no se implementa o se implementa de manera distinta a la propuesta, la ciudadanía perderá confianza en el mecanismo del presupuesto participativo, en las instituciones que intervienen en él y, en última instancia, en la democracia misma. Por otro lado, aun cuando el proyecto se haya implementado en tiempo y forma, si los ciudadanos no tienen fácil acceso a la información que les permita verificarlo, el sentimiento de desconfianza también habrá de afectar su percepción entera del mecanismo y de la democracia misma.
Tratarse de dinero público, la obligación de reportar respecto a cómo se gasta este recurso anualmente existe para cada una de las alcaldías en la Ciudad de México.
Sin embargo, no se cuenta con una base de datos general en donde se pueda consultar el estado que guarda cada uno de los proyectos y mucho menos, en donde se pueda comparar a través del tiempo cómo se ha llevado a cabo la implementación de los mismos por alcaldía o por colonia. Además, tampoco se cuenta con información sobre la forma de contratación de proveedores ni el estado en que se entregó cada uno de los proyectos contratados.
Ante esta carencia de información, Ollin, A.C. se dio a la tarea de utilizar el derecho al acceso a la información para solicitar a diversos entes obligados la información relativa a la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en la Ciudad de México, de 2011 a 2019. Con la información recabada, se generó un portal en línea en donde se puede visualizar año por año, colonia por colonia y proyecto por proyecto, el estado que guarda la implementación de cada uno de los proyectos ganadores, así como la cantidad de votos que obtuvo en la consulta del presupuesto participativo y cuál fue el presupuesto que se destinó a la implementación de dicho proyecto.
Armar este sitio web no fue tarea sencilla. Hubo que homologar muchísima de la información, volver a capturar mucha otra, hacer pruebas lógicas y ensamblar una base de datos maestra, que pudiera responder a las solicitudes de información por parte de los usuarios. Al día de hoy, la plataforma cuenta con información de 2014 a 2019, ya que los datos más antiguos están en formatos que no son automatizables y requerirán de un conjunto de personas que los sistematice para poder ser incluidos en la base de datos.
La necesidad de armar esta base de datos de manera casi artesanal nos resalta que, aun cuando el acceso a la información es un derecho en nuestro país, estamos muy lejos de lograr que éste sea accesible para todos los públicos y automáticamente compatible con la generación de este tipo de herramientas, al no estar los datos reportados en bases de datos inteligibles por sí mismas.
Ejercer nuestro derecho al acceso a la información nos ha permitido ser mucho más proactivos en darle seguimiento al uso de estos recursos públicos en proyectos de beneficio comunitario y a entender mucho mejor cómo funcionan los procesos de gasto público para la ejecución de un proyecto. La idea de publicar esta información es facilitarle a los ciudadanos de a pie las acciones para dar seguimiento a los proyectos ganadores en sus colonias, así como exigir sus derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, al tener elementos objetivos para reclamar que los proyectos ejecutados sean exactamente los que resultaron ganadores en la consulta anual de presupuesto participativo. Esto, a su vez, contribuye a combatir activamente las posibles acciones de corrupción que pudieran darse en el marco de la ejecución del presupuesto participativo.
Creemos que este portal es un buen primer paso para lograrlo todo lo anterior, pero también sabemos que el camino que queda por transitar sigue siendo muy largo. En materia del derecho de acceso a la información, aún quedan muchos obstáculos que salvar. Sin embargo, vale la pena recordar cómo este derecho se convierte en garante de muchos otros y cómo, mientras más lo ejecutemos, más difícil será que persista la opacidad y las malas prácticas gubernamentales en la materia.
