Desde la trinchera de la sociedad civil, los desafíos se han multiplicado. A pesar de la adversidad, siguen existiendo algunas rendijas institucionales que sostienen los avances que hemos logrado en transparencia y en las que hemos podido apoyarnos para continuar con nuestra tarea. Igualmente, hay una demanda ciudadana por saber lo que pasa de verdad tras el telón del espectáculo de los discursos gubernamentales, por lo que los beneficios de no rendirnos son superiores a los costos. Aunque el reto no es sencillo. En comparación con otras décadas de nuestra historia, sin duda hemos dado algunos pasos. Pero las pulsiones de otras épocas, que han motivado históricamente al gobierno a esconder la información y volcarse en contra de quienes tratan de mirar detrás del velo de la opacidad, siguen tan presentes como ayer.

Ayer, en el origen de los arreglos de corrupción del sistema político mexicano contemporáneo y que puden encontrarse mayormente en la década de 1940 (Niblo, 2008), también se institucionalizó la virulencia con la que se atacaría a los críticos que se atreviesen a señalar los actos corruptos del gobierno. El caso de Presente, el semanario del periodista Jorge Piñó que documentó y exhibió los excesos del régimen de Miguel Alemán, es elocuente: no llegaron a publicar ni 40 números antes de que misteriosamente su imprenta fuera despedazada y el periodista tuviera que escapar del país (Scherer, 2007, p. 91). No es casualidad que Enrique Serna (2019) imaginó alrededor de este caso un diálogo entre Carlos Denegri —el epítome del periodista corrupto al servicio del poder— y Piñó (pp. 277-281).

Hoy, desde la tribuna presidencial se lanzan ataques, denostaciones e incluso abiertas amenazas contra periodistas, académicos e investigadores². Las consecuencias de esta violencia gubernamental sistemática se trasladan al plano de los hechos de manera indefectible. Si el gobierno considera a las voces críticas como «traidoras a la patria», es imposible esperar que los criminales detengan la barbarie que han desatado sobre ellas. Al momento de escribir este texto, 12 periodistas han sido asesinados en 2022 como consecuencia de su labor informativa, sumando 35 homicidios en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si se compara con otras administraciones en el mismo punto, comenzando el cuarto año de gobierno, es notable el empeoramiento de la situación: con Vicente Fox habían sido asesinados 7 periodistas; con Felipe Calderón, 27; con Enrique Peña Nieto, 21. En total, este siglo han sido asesinados 154 periodistas en México (artículo 19, 2022).

Ayer, la norma del gobierno era ocultar a toda costa cualquier tipo de información sobre el ejercicio del poder y el uso de recursos públicos. Cuando en 1976 Vicente Leñero investigó la construcción de la nueva sede del Colegio Militar al sur de Ciudad de México, realizada mayormente por la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ica), se encontró con el mismo problema que cualquier ciudadano común de la época: no pudo averiguar nada. Su crónica es fulminante:

Del costo de millones nada se sabe, nada se informa.

Se mantiene como un secreto militar guardado celosamente.

Ni qué esperanzas de que a la Cámara de Diputados —por decir algo— se le ocurra preguntar cómo se gastaron allí los dineros de la patria, de esa patria a la que el cielo —canta el Himno— «un soldado en cada hijo te dio». Lo único que es posible conseguir son algunos aburridos datos técnicos.

(…) Es todo lo que se sabe. El resto: secreto militar (Leñero, 2019, pp. 24-25).

Hoy, es innegable que hemos dado un salto gigantesco en cuanto a los derechos de la ciudadanía para conocer los documentos e información sobre la actividad del gobierno. Las victorias alrededor del reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la información y la construcción de instituciones que han ayudado a hacerlo efectivo son incuestionables. Pero la tensión permanente entre la demanda ciudadana de transparencia y la voluntad del gobierno por esconder la información, que hasta hace unos años parecía inclinarse en favor de los solicitantes y consumidores de la información pública, también ha comenzado a favorecer cada vez más la opacidad del gobierno.

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) —elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para cuantificar los alcances de la transparencia y la participación ciudadana en las oficinas públicas de México— muestra en su última evaluación que «se interrumpió una tendencia positiva en cuanto a los avances en la apertura gubernamental de nuestro país. En la línea base presentada en la Métrica 2017, el iga fue de 0.38; para 2019 éste aumentó a 0.52, pero para 2021 descendió a 0.48» (CIDE, 2021, p. 41). Por primera vez desde que se realiza esta medición, se identifica un retroceso en la transparencia del gobierno.

Al profundizar en los componentes de este índice, resulta preocupante que dos de los elementos con mayores pérdidas son la transparencia activa (que se refiere a la publicación de la información pública que las instituciones están obligadas por ley) y la transparencia proactiva (qué tan sencillo es para los ciudadanos encontrar la información pública). Es decir, hoy el gobierno publica menos información de la que debería tener disponible por ley, al mismo tiempo que la decreciente cantidad de esta, que es cada vez más difícil de encontrar.

A esto hay que sumar que la institución garante del derecho al acceso a la información también ha sido víctima de los ataques desde el Poder Ejecutivo, además de múltiples recortes presupuestales que comprometen cada vez más el ejercicio del mismo. Como se menciona en el recién publicado Informe País Sobre el Combate a la Corrupción en México 2020: «México destina el equivalente a un centavo de cada 100 pesos del presupuesto público a la promoción y la garantía de ese derecho fundamental, pese a que el titular del Poder Ejecutivo federal ha reiterado en diversas ocasiones que la transparencia es uno de los atributos fundamentales e inexcusables de un régimen democrático» (IIRCCC, 2020, p. 169). Cada paso en esta dirección nos aleja más del objetivo de un gobierno transparente y nos acerca a las viejas normalidades del pasado.

Este acercamiento a las prácticas opacas de ayer puede observarse en dos casos reveladores y preocupantes, tanto por sus implicaciones como por sus dimensiones: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas. En ambas obras de infraestructura se han dedicado cuantiosos esfuerzos y recursos que, a pesar del discurso oficial, se han utilizado bajo un manto de opacidad que es indignante e intolerable, pues los ciudadanos no podemos conocer a fondo cómo se han usado nuestros recursos en estos proyectos.

Sobre el aifa se cierne un problema equivalente al que Leñero relató en el sexenio de Echeverría: los militares que remodelaron el aeródromo de Santa Lucía han limitado severamente el acceso a la información sobre la obra. Esto no solo se debe al carácter de seguridad nacional que han utilizado para reservar y negar la información que la ciudadanía demanda, sino a que el mecanismo principal de financiamiento del proyecto es uno de los más opacos y discrecionales de la administración: el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM). Este fideicomiso militar tuvo entre 2005 y 2018 un promedio de $2,610 millones de pesos de saldo disponible, mientras que en este sexenio ha llegado a manejar hasta $67,295 millones de pesos, un aumento de 2,578% (transparencia presupuestaria, 2022). De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el AIFA tuvo un costo total de $84,956 millones de pesos. Sin embargo, al pedir mediante solicitudes de información todos los contratos de los diferentes frentes de construcción del aeropuerto, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó solo 1,233 contratos por un monto de $17,385 millones de pesos (MCCI, 2022). Es decir, únicamente se ha transparentado una cuarta parte de los recursos que ahí se gastaron.

En el caso de la refinería de Dos Bocas, el problema es aun más grave: al día de hoy, no existe un solo ciudadano en México que sepa a detalle cuánto se ha gastado en esta obra ni cuál es su presupuesto. Esto se debe a que el proyecto no tiene una partida presupuestal específica identificable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), la obra no se encuentra registrada en la cartera de inversión, sino que aparece como una inversión financiera, y que la ejecución la realiza pti, Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V.. —una empresa filial de Pemex que no es un sujeto obligado de la Ley de Transparencia—. Los contratos disponibles para consulta en una página de la filial se encuentran testados en los montos, es decir, bajo recuadros negros que nos impiden conocer cuánto se le ha pagado a cada contratista y tampoco conocemos el detalle del presupuesto que se ha ejercido en esa obra (Núñez, 2022).

Estos dos botones de muestra, junto con las diferentes métricas y análisis que dan cuenta de un retroceso sistémico en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, nos colocan en una posición sumamente complicada para poder colaborar con el combate a la corrupción desde la ciudadanía. Sin embargo, tal como periodistas, académicos, investigadores y ciudadanos lograron sobreponerse a la adversidad en el pasado y participaron en el largo proceso de democratización mexicana, hoy también hay una generación dispuesta a dar la batalla aprovechando las herramientas, instituciones y derechos que hemos logrado construir a lo largo de los años. No nos rendiremos.