El 11 de junio de 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), a 20 años de la promulgación de esta ley ¿cómo está la transparencia y el derecho de acceso a la información en México?; ¿en qué hemos avanzado?, ¿qué resistencias y desafíos se mantienen? En el presente artículo, se ofrece algunas respuestas a estas cuestiones.

Al inicio del IFAI (ahora INAI), su presidenta María Marván, en el marco de una conferencia en el ITESO, externó dos preocupaciones: a) si las y los ciudadanos ejercerían su derecho a saber, esto es, si se presentarían suficientes solicitudes de información en el país y b) si este derecho se reduciría a un sector específico de la población: los académicos, periodistas y empresarios.

Al respecto, en un estudio realizado por académicos² sobre el número de solicitudes que ingresaron al sistema de la plataforma del INAI (antes IFAI), reportaron que del 2003 al 2019 los mexicanos generaron más de dos millones de solicitudes de acceso a la información -poco más de 125 mil solicitudes al año- (Gráfica 1). El estudio muestra una tendencia creciente en el número de solicitudes efectuadas a las dependencias públicas: en 2003 ingresaron 22, 573 solicitudes en el 2010 aumentaron a 99, 713 y, en 2019, se duplicó la cifra a 214, 273 solicitudes (ver gráfica 2).

Otro dato relevante es la proporción anual de respuestas dentro del plazo legal establecido (20 días hábiles). Al respecto, de acuerdo el citado estudio (no incluye solicitudes de datos personales), en el 2003, 84.82 por ciento de las respuestas se entregaron dentro del plazo legal establecido, para el 2019 el porcentaje bajó al 65.99 por ciento, pero mantiene un nivel de respuesta superior al 58 por ciento (ver gráfica 3).

El estudio explora el grado de expertiz de los solicitantes a partir de un análisis sobre el lenguaje utilizado al momento de formular una solicitud, así como la cantidad y tipo de “detalles” que se incluyen en los requerimientos planteados. Los datos muestran que al principio hubo una distancia importante entre las personas solicitantes dependiendo del nivel de habilidades y pericia, pero esta se va acortando de manera significativa con el transcurso del tiempo, gracias a la práctica, a grado tal que las distancias entre el “experto” y el “no experto” tienden a acortarse.

Un dato alarmante que se expone en el estudio referido es una proporción importante de “inexistencias” de información disfrazadas de “entrega”. Al respecto las respuestas de los sujetos obligados se clasificaron en las siguientes categorías:

• Información útil: se entregó la mitad o más de los datos solicitados.
• Información entregada pero inútil: se entregó menos de la mitad solicitada.
• Archivos de respuesta sin información proporcionada: no se entregó la información.
• Archivos de respuesta no encontrados o ilegibles: no se accedió a la información.

Sólo la primera categoría se asume como una respuesta satisfactoria, “las otras tres categorías representan alrededor del 20% de todas las solicitudes de información; aunque la proporción aumenta considerablemente desde 2016. Dicho de otro modo, alrededor de un tercio de las solicitudes de información que reciben la respuesta oficial de “entrega” cae dentro de unas de estas tres categorías de insatisfactoria”³.

Aunado a lo anterior, se destaca que el conocimiento especializado que la burocracia ha adquirido mediante la capacitación y la experiencia, han tenido efectos positivos y negativos, ya que se ha utilizado tanto para hacer mejoras a las normas y procedimientos, como para desarrollar malas prácticas en sus respuestas y atención a las solicitudes de información. 

El estudio concluye: a) que el uso de la información ha crecido con el tiempo en respuesta a una gran variedad de necesidades de las y los ciudadanos; b) se observa una tendencia a una mayor profesionalización de ciudadanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan datos a las dependencias públicas; c) hay un incremento de respuesta engañosas de parte de los sujetos obligados, sobre todo para los solicitantes no expertos. Hay pues, avances, obstáculos y situaciones por superar en el derecho a la información.