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EL ÁRBOL DEL PARAÍSO
En la sección El Árbol del Paraíso de la revista digital Sociedad y Transparencia presentamos en esta ocasión un texto que forma parte del libro “Periodismo de Investigación en el Ámbito Local: Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión”, escrito por la reconocida periodista Sandra Romandía* y quien, además, fue la Coordinadora Editorial de esta obra, publicada a finales del año 2021 por el INAI. Compartimos íntegro el texto que expone la manera en la cual el trabajo de investigación puede abrir información oficial a través de la transparencia y las libertades informativas.
Este artículo está diseñado para mostrar con ejemplos, por qué el ejercicio de este derecho puede serle atractivo a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la igualdad de género. Presenta cuatro casos en los que distintas organizaciones de la sociedad civil y una institución académica utilizaron el derecho de acceso a la información pública para evaluar diferentes políticas gubernamentales. Se presenta el contexto en el que desarrollaron sus investigaciones y de qué manera éstas pretendían incidir en la discusión pública y en el diseño de políticas para la igualdad. En concreto, el artículo se enfoca en:
Cuando visité por primera vez en prisión a José Humbertus Pérez, luchador social contra los fraudes inmobiliarios en el Estado de México, me impresionó ver su fortaleza y ánimo, aun detrás de las rejas, pero sobre todo la historia que me contó, origen por el que nació este reportaje.
Conocí a Humbertus en febrero de 2015, cuando era coordinadora de información del programa de periodismo de investigación Punto de Partida que se trasmitía en Televisa, conducido por la periodista Denise Maerker. Al correo corporativo llegó un comunicado de la asociación que presidía, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, fundado en 2008. Denunciaba un caso interesante: el fraude inmobiliario e hipotecario que se habría orquestado desde los cotos de poder del Estado de México para construir y vender casas de mala calidad, y sin los servicios de ley, en el municipio de Tecámac.
Como los protocolos de metodología indican, primero revisé la autenticidad del correo, la asociación y después me puse en contacto con él, su líder.
Me explicó la causa de su lucha (una causa, por cierto, que debería ser bandera en varios puntos del país donde ha sucedido lo mismo). La empresa Urbi había construido varias etapas del fraccionamiento Urbi Villas del Real a precios inflados, con materiales como unicel y otros de pésima calidad, además de que no contaban con agua y otros servicios mínimos.
El contubernio venía desde la firma del entonces alcalde, el priista Aarón Urbina Bedolla, quien permitió que eso sucediera y otorgó las anuencias.
La reportera Miriam Moreno acudió a Tecámac para conocer de primera mano el caso, entrevistar a los afectados y los denunciantes. Luego realizó una revisión de documentos y buscó a los aludidos. Finalmente, el reportaje fue transmitido el 14 de mayo de 2015 en el Canal 2.
En agosto de ese año el representante legal de la empresa Urbi, René Jaime Mungarro, fue detenido acusado del delito cometido por fraccionadores en agravio a la colectividad y seguridad. Días después salió bajo fianza.
Los indicios en el reporteo mostraban una muy clara colusión del alcalde (quien había sido presidente del Congreso del estado y muy cercano al gobernador Eruviel Ávila) con los representantes de la empresa, así como los demás poderes del Estado de México.
Las represalias al personaje no tardaron, y el 4 de noviembre de ese año fue detenido y recluido José Humbertus acusado de robo a casa habitación con arma con las carpetas 1718/2015, 1720/2015, 63/2016 y 219/2017. Ingresó al Centro de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, conocido como Penal de Chiconautla.
Cuando ocurrió la primera visita a prisión a Humbertus, finales de 2016, yo era directora del portal electrónico La Silla Rota. Entonces contacté en enero de 2017 al reportero Alejandro Melgoza, un joven freelancer que se caracterizaba por su destacado olfato y pulcritud al narrar.
Le comenté de la historia de “La Revolución Azul” en el penal de Chiconautla y no dudó en aceptar la propuesta de narrar esa historia. Así se publicó, como antecedente, “Así se gesta la rebelión de falsos culpables en un penal”, el 14 de febrero de ese año.
Después de esto recibimos al correo del portal y en mis propias redes sociales varias denuncias de casos en los que familiares aseguraban que sus parientes estaban encarcelados de manera injusta. Presentaban pruebas, expedientes mal hechos, irregularidades en el proceso. A todas luces era evidente que había una historia mayor, pero ¿cómo crear una metodología para contar el fondo de lo que ocurría en el Estado de México y especialmente en ese penal de Chiconautla, de la zona de Ecatepec, una de las más conflictivas?
A mediados del año 2018 la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lanzó la Beca MCCI para temas de justicia enfocada a reporteros o redacciones que no contaban con el tiempo o presupuesto suficiente para indagar en un tema en específico con potencial.
Armamos un equipo de La Silla Rota, con los reporteros Paris Alejandro Salazar y Alejandro Melgoza para aplicar al auspicio con objetivo: demostrar que los casos de falsos culpables que habíamos presentado en otras entregas no eran únicos ni aislados, sino que eran reflejo de un sistema en los aparatos de procuración de justicia del Ejecutivo, después de Fiscalía, en contubernio con miembros del Poder Judicial del Estado de México.
La prisión está a un lado de un basurero donde las moscas, el olor a putrefacción y la falta de espacio provocan una sensación de sofoco.
A Humbertus, licenciado en Economía con estudios de posgrado en Historia y estudios de Derecho Penal y catedrático del IPN, lo recluyeron en clara venganza.
Su expediente estaba cargado de irregularidades, testigos a modo o que no se volvieron a aparecer, sin evidencias, con pruebas perdidas, firmas apócrifas, entre otras anomalías.
En aquella primera visita me recibió con ánimo y me contó lo que desataría esta investigación: su caso no era el único. En las tardes comenzó a organizar lo que llamó “La Revolución Azul” al darse cuenta de que en el área de indiciados, donde portan uniforme azul, varios casos eran similares al suyo: a todas luces, según los expedientes y no tanto por el testimonio de los recluidos —que naturalmente alegan inocencia— se estaban fabricando culpables para cerrar casos y así bajar la impunidad de los delitos.
Si bien su caso era distinto, una venganza política, fue él quien abrió la caja de Pandora sobre cómo inocentes con cierto perfil como clase social baja, sin posibilidad de defensa efectiva, estaban siendo recluidos sin pruebas.
Fue así como nació “Edomex, Fábrica de Culpables”, reportaje publicado en La Silla Rota y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gracias a un auspicio de esta última organización para llevar a cabo la investigación.
En el trabajo demostramos cómo a lo largo de siete años (2011-2018), en el Estado de México encarcelaron a inocentes para mejorar la imagen oficial. La policía detuvo personas sin órdenes de aprehensión y los torturó. Los ministerios públicos armaron expedientes con pruebas sembradas y los jueces condenaron sin testigos. Esos falsos culpables han salido de prisión ahora, lentamente.
Hasta el momento, hay más de tres mil denuncias contra jueces y 78 contra magistrados estatales.
El penal de Chiconautla se encuentra en el área del municipio de Ecatepec, una de las localidades con mayor incidencia delictiva en el Estado de México. Secuestros, extorsiones, asesinatos y, sobre todo, feminicidios, ocurren a todas horas en esa área ubicada a 25 kilómetros del noreste del centro de la Ciudad de México.
El costo político para un gobernante puede ser alto si no “logra controlar” lo que se comunica de ese y otros municipios considerados focos rojos.
El índice de impunidad, que en promedio en el país ronda el 90 por ciento, es tema de preocupación para organizaciones civiles que realizan estudios que a su vez presentan a los medios de comunicación y estos a la ciudadanía.
“Hay que tener detenidos y culpables todos los días”, me comentó una fuente al interior del sistema de procuración de justicia de esa entidad.
Y así comienza el infierno para los inocentes que entran a las prisiones del Estado de México, entre ellas el penal de Chiconautla.
Ahí, como en la mayoría de las cárceles mexicanas, hay corrupción, golpes, mala comida y hasta estratos sociales.
Los “panqués” se les llama a quienes pagan por dormir en literas en las celdas, aunque acompañados de dos personas más; los “catarratas”, son los que duermen debajo de las literas, en el suelo por donde pasan las ratas, chinches y desechos humanos cuando se tapa el baño.
Los “erizos” logran pagar para estar solos en alguna parte libre del piso, y los “tablas” ocupan las maderas que se colocan entre las literas para que quepan otros tres más. Ningún reo duerme sin tocar la piel de otro.
Este infierno es el que viven muchos inocentes que en realidad no tienen otro “pecado” que carecer de dinero para una buena defensa, no tener el conocimiento para acceder a sus derechos y vivir en una zona del país donde la justicia no es la misma para todos.
El infierno de saberse inocente y perder su libertad lo conoció Cinthya Cantú. A ella le cambió la vida la noche del 8 de noviembre de 2012 cuando un grupo de policías estatales irrumpió y allanó su casa en Los Héroes de Ixtapaluca y la sacaron junto a su amiga Itzel Rubí. Los policías estatales encapuchados que sometían al hijo de Cinthya la amenazaron diciéndole que si no aceptaba que pertenecía a Los Caballeros Templarios violarían al menor frente a ella.
En conferencia de prensa, el 10 de noviembre —dos días después de la detención—, el entonces procurador mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, presentó a diez personas —cinco hombres y cinco mujeres— como integrantes de Los Caballeros Templarios acusados de tres secuestros y dos homicidios. Entre los detenidos estaba Cinthya Cantú.
En realidad, no había pruebas claras, solo un testimonial de lo que llamamos “testigos a modo” de la Fiscalía: personas que a veces no tenían relación con el caso y que señalaban sin volverse a presentar después.
“Básicamente ya tienen las sentencias, y solo hacen mero protocolo en las audiencias”, nos contó un abogado penalista del Edomex.
Como el caso de Cinthya había muchos más.
“...infierno es el que viven muchos inocentes que en realidad no tienen otro “pecado” que carecer de dinero para una buena defensa, no tener el conocimiento para acceder a sus derechos y vivir en una zona del país donde la justicia no es la misma para todos...”
Mis compañeros reporteros Paris Alejandro Salazar y Alejandro Melgoza elaboraron una base de datos con los casos analizados y reporteados para encontrar patrones que nos condujeran a señalar un sistema.
Al final se revisaron documentos de casi 100 detenidos, y finalmente nos centramos en 25 expedientes que incluían a 44 detenidos.
Tras entrevistar a decenas de policías de investigación, ministerios públicos, abogados, personal que trabajó en la Fiscalía estatal y el Poder Judicial, se encontró que el Ministerio Público utilizó cinco métodos para fabricar culpables.
La manipulación de testigos y ausencia de ellos; la tortura; cohecho como medida de retención; siembra de evidencias y ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones.
Los involucrados en estos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel.
Es importante entender que la responsabilidad de este sistema criminal recae en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial. La primera —antes Procuraduría dependiente del gobierno estatal y a partir de 2016 Fiscalía independiente— fabricaba las carpetas desde el Ministerio Público.
La segunda, el Poder Judicial, los avaló, es decir que dio por buenas las evidencias presentadas por el Ministerio Público pese a las irregularidades en los expedientes.
A pesar de que durante el período en que el priista Eruviel Ávila fue gobernador se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, estas malas prácticas siguieron sucediendo. El objetivo de la reforma era que el Ministerio Público presentara pruebas científicas y técnicas que sustentaran sus acusaciones. Los jueces, tendrían que considerar al acusado inocente hasta que se probara lo contrario, la llamada “presunción de inocencia”. Pero no fue así.
Con la muestra que analizamos encontramos otros datos interesantes: de ese universo, en el 100 por ciento de los casos los agentes que los apresaron no se identificaron durante la detención. Además, en 64 por ciento de los casos durante las audiencias fue recurrente la “ausencia de testigos”; es decir que no se presentó la parte acusadora, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido.
Otra cifra reveladora: en 40 por ciento de los casos los detenidos reportaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables. En 30 por ciento no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos. En 60 por ciento de los casos los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.
En todo este proceso tuvimos la guía y acompañamiento de los editores Salvador Camarena, Daniel Lizárraga y Laura Sánchez Ley para dar orden y metodología a la investigación.
Concluyentes, los números obtenidos vía transparencia
Subrayo de nuevo la importancia de revelar un sistema y no quedarnos con la anécdota de lo que, para las autoridades, pudieran ser “casos aislados”. Así que aparte de la base de datos de las decenas de expedientes, las entrevistas a todas las fuentes, las fichas con perfil de los detenidos, necesitábamos números.
Así que el peregrinar con las solicitudes de información a los poderes Ejecutivo y Judicial ayudaron a cerrar esa parte y encontramos que, sobre lo dicho por el funcionario de “el promedio que yo les admito en juicio es del 80 por ciento de efectividad, no menos. De diez asuntos tienen que ganar ocho y perder dos”, prácticamente se cumplió.
Con las respuestas de las preguntas realizadas vía transparencia encontramos que en promedio siete de cada diez casos judicializados entre los años 2011 y 2017 terminaron en sentencias condenatorias y solo tres en condenas absolutorias. Es decir que 70 por ciento de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión.
Las estadísticas de este período revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6 por ciento fueron condenatorias y 16.2 por ciento absolutorias, es decir, solo cuatro mil 246 personas salieron en libertad.
También encontramos otro dato importante gracias a preguntar por transparencia: el Poder Judicial señaló que no poseían ningún registro en el que se hubieran inadmitido pruebas al Ministerio Público.
Después del reportaje varias familias se manifestaron en diferentes penales del Estado de México. Se hacían llamar la rebelión de los “Falsos Culpables”.
De los 44 que padecen prisión preventiva analizados en el reportaje, 26 fueron liberados.
Humbertus Pérez finalmente fue absuelto con un “usted disculpe, es inocente” en febrero de 2020, tras cuatro años y dos meses de estar recluido por un delito que no cometió. En sus años tras las rejas fundó la asociación Presunción de Inocencia para ayudar a más reclusos a salir. Hasta el momento han obtenido su libertad más de 247 falsos culpables.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación, y el reportaje fue finalista del premio Relatoría a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas en 2019.
Sin la transparencia, insisto, hubiese sido más complicado delinear y revelar un sistema que truncó la vida a muchas personas.
