El 16 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el medio del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de crear el «Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil», base de datos de identidad posteriormente denominada como PANAUT.

El INAI dio seguimiento a dicha iniciativa y desde su origen identificó posibles problemas de constitucionalidad. En el análisis de esta reforma se reconocía el tratamiento de datos de carácter biométrico, razón por la que, mediante comunicado de prensa, se advirtió que el PANAUT podría representar riesgos para el derecho a la protección de los datos personales.

El PANAUT implica el registro obligatorio del número de una línea telefónica móvil para la persona usuaria, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio, cuya recopilación y validación, de acuerdo a esa iniciativa, quedará a cargo de las empresas de telecomunicaciones, o en su caso los autorizados, que contarán con un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de registro; requisitos sin los cuales, no podrá ser otorgada una línea telefónica móvil.

Entre otras implicaciones, llamó la atención el manejo de datos biométricos relacionados con la identidad de una persona. Estos datos hacen referencia a aspectos que permiten ser asociados, de manera única, a una persona y, por ende, constituyen características insustituibles, cuyo manejo inapropiado representa riesgos graves de daños significativos a los derechos fundamentales de identidad y de protección de datos personales; a manera de referencia, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y el Convenio 108 Plus, consideran como especialmente protegidos los datos personales biométricos que identifiquen de manera única a una persona.

En consecuencia, el 27 de abril el Pleno del INAI acordó por unanimidad interponer Acción de Inconstitucionalidad en contra de dicho Decreto, considerando que:

• La reforma no establece con precisión cuáles datos biométricos se entregarán para la integración del PANAUT ni indica cómo sería el procedimiento para acceder a ellos, por lo cual podría vulnerase el principio de certeza jurídica, que quiere decir que todas las personas deben conocer con claridad cuáles serían las consecuencias de actuar o no de determinada forma.
• Los datos biométricos son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles. Por ello, es indispensable que empresas, instituciones públicas, cuenten con la capacidad de implementar medidas de seguridad que garanticen de la seguridad de esta información pues en ningún lugar del mundo habrá dos personas con las mismas huellas digitales o los mismos iris, si el PANAUT fuera vulnerado, divulgado o vendido, habría una afectación irreparable.
• Si las personas usuarias quieren continuar con la prestación del servicio de telefonía móvil, tienen que entregar su información para su inscripción en el PANAUT. Esta media, elimina la idea fundamental que rige la protección de datos personales: el principio de consentimiento, el cual establece que cada quien puede decidir libremente si otorga o no su información; es cierto, estrictamente se tiene la opción de no entregar la información, pero esta aparente facultad de decisión no puede ser considerada como consentimiento, en tanto que nace condicionada a cambio de mantener o adquirir una línea telefónica.
• Esta determinación, además de que puede violentar los principios en la protección de datos, también limitaría el derecho a la información, al condicionar el libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.