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LA ENTREVISTA
El ejercicio del derecho a la información, como derecho llave, permite el ejercicio de otros derechos humanos: Leopoldo Maldonado
Por redacción
Artículo 19 Internacional es una organización de ámbito global fundada en 1987 en Londres, Inglaterra, cuyo nombre es tomado del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se garantiza que toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. En 2006 se fundó Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, con la finalidad de promover y defender el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En México Artículo 19 ha impulsado plataformas para acercar información pública a la sociedad, sobre todo a grupos en situación de vulnerabilidad, centrándose en comunidades indígenas y rurales. También han trabajado en la apertura de información sobre casos de violaciones graves de derechos humanos, y la construcción de sitios de memoria y repositorios de información del pasado. En materia de Gobierno Abierto, han incidido en la implementación de políticas públicas y en la transparencia de procesos de designación pública, entre otras acciones.
La Revista “Sociedad y Transparencia” entrevistó a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, sobre el estado que guardan los derechos humanos, las libertades informativas, el periodismo, el rol de los medios de comunicación y la importancia del derecho a la información en la sociedad actual.
Ante la pregunta ¿Cuál es el estado que guardan los derechos humanos en México? Leopoldo Maldonado Gutiérrez (LMG) contesta sin rodeos: “actualmente México vive una crisis de graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, fosas clandestinas, feminicidios, delitos en contra de la libertad de expresión, etcétera”. Existe un debilitamiento institucional, lo cual impacta en la estructura política, social y jurídica. Esta situación es reforzada por la negación de la violencia y la militarización que ha reforzado la narrativa sobre la cual la violencia se ha sostenido desde hace dos sexenios.
A 10 años de lo que algunos llaman la reforma constitucional más importante de derechos humanos, LMG considera que falta implementar adecuadamente las leyes, un compromiso por parte de los poderes públicos y todos los niveles de gobierno, se necesitan instituciones y funcionarios técnicamente sólidos y comprometidos que lleven adecuadamente su trabajo y compromiso. También es necesario incorporar el enfoque de derechos en todas las instituciones del Estado para promover su respeto, promoción, defensa, protección y ejercicio.
En México debe reforzarse el sistema de justicia, “desde las investigaciones de los delitos, el actuar de los funcionarios, hasta procesos de justicia efectivos, castigo a los culpables, procesos de reparación, ejercicios de memoria y construcción de verdad”. LMG estima que también es preciso que el gobierno reconozca la crisis de violencia y de derechos humanos. “Se necesita promover la transparencia y apertura gubernamental. De esta manera contaremos con instituciones que rinden cuentas y hacen partícipe a la sociedad en la integración de sus políticas”.
En lo que respecta a la libertad de expresión, LMG asegura que durante el año 2020 incrementó en un 13.6% el número de agresiones contra la prensa al contabilizarse 692 ataques. “Es decir, en 2020 se agredió a un periodista cada 13 horas”. En el actual sexenio han sido asesinados 20 profesionales de la información. De todas las agresiones, el Estado es responsable del 49.56% de los casos. De acuerdo con el director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, se requieren procesos de investigación adecuados, y procesos de justicia dado que el 98% de las agresiones quedan impunes. Afirmó que se necesitan organismos protectores que velen por la seguridad e integridad de las y los periodistas, y que el poder político reconozca la labor de los profesionales de la información y evite estigmatizarlos.
Para LMG “los medios de comunicación tienen una responsabilidad social al informar debida y adecuadamente a la ciudadanía”. La construcción de una sociedad democrática estriba en contar con medios críticos, independientes y plurales. Un rol importante que tienen los medios es el combate de los discursos de odio y estigmatizantes, “comprobar la información que circula para después difundirla, en cuestionar, criticar y verificar las declaraciones oficiales; en llevar a cabo procesos de investigación, entre otros”. En tanto el Estado tiene la obligación de promover un entorno que garantice la pluralidad mediática y no utilizar mecanismos de control mediático o censura previa como condicionar las líneas editoriales a través del uso de la publicidad oficial. Aseguró que, en el caso de las declaraciones de figuras públicas de alto nivel, estas deben contar con sustento documental que las respalde de acuerdo con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)
De acuerdo con LMG las redes sociales digitales se han convertido en una herramienta para mostrar la violencia en contra de mujeres y niñas y la continuidad de los casos de impunes en el sistema judicial. En este sentido, el “ciberfeminismo se ha activado exponencialmente con la entrada de la pandemia, pues las plataformas de redes sociales han sido un espacio de expresión para muchas organizaciones, colectivas e incluso individuales que utilizan su entorno de creatividad y sus redes para divulgar, crear proyectos, generar apoyo solidario o hasta para acompañar casos de violencia de género”.
A pesar de la nueva pluralidad, estas plataformas moderan los contenidos a través de normas comunitarias o políticas que han sido lesivas para la libertad de expresión, en especial cuando se trata de protestas. “Las plataformas deben de mejorar, abrir su enfoque, la perspectiva y sobre todo ser transparentes con los y las usuarios que pasan por alguna remoción de contenido. La transparencia da mayor entendimiento de cómo se está moderando, sobre qué tipos de contenidos, cuáles son los criterios que se emplean para remover y sobre todo respetar un debido proceso con sus usuarias y usuarios”.
El lo que se refiere al derecho a la información, para LMG se trata de un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. En las sociedades contemporáneas el derecho a la información es importante porque posibilita “ejercicios de transparencia, rendición de cuentas, generar acceso a la justicia, memoria y verdad”. Este derecho permite a las personas “tener una opinión informada y fundada, poder llevar a cabo un escrutinio público sobre el actuar de las autoridades”. El ejercicio del derecho a la información, como derecho llave, permite el ejercicio de otros derechos humanos”, como la educación, la participación política, el derecho a la salud, a programas sociales, etcétera. Gracias a este derecho se pueden conocer hechos que históricamente han sido ocultados por el Estado, como los casos de graves violaciones a derechos humanos o casos relevantes de corrupción.
LMG considera que las nuevas tecnologías y las redes sociales digitales no suplen la obligación de las autoridades para promover y garantizar el derecho a la información a través de la transparencia proactiva, transparencia reactiva, obligaciones de transparencia y la difusión de información a toda la población, “principalmente grupos en situación de vulnerabilidad que enfrentan diversos tipos de brechas y que son quienes más requieren acceder a información pública”.
En México, la transparencia ha sido de gran utilidad para las organizaciones civiles para “abrir información relativa a casos de violaciones graves a derechos humanos, los procesos de investigación, persecución y acceso a la justicia de estos. Para conocer sobre casos de corrupción. Para someter a la rendición de cuentas a las instituciones y sus servidores públicos”. También ha sido de utilidad para el ejercicio de otros derechos humanos de “grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son grupos de mujeres indígenas, comunidades rurales e indígenas, personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, entre otros”.
LMG estima que en México se requieren más políticas de transparencia proactiva para acercar la información en formatos accesibles a toda la población y no sólo a personas que viven en contextos urbanos y con un nivel educativo alto. Asimismo, asegura que es necesario fortalecer la autonomía de los organismos garantes del derecho de acceso a la información e incorporar un enfoque de derechos y abandonar el enfoque meramente administrativo. “Que el Estado proactivamente tenga esta constante práctica para acercar la información a la sociedad, que vele por el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, y que el Estado deje de ser el principal obstáculo para acceder a la información”.
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son fundamentales para el ejercicio del derecho a la información y lo han potenciado. “Sin embargo, no se puede dejar de tomar en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) todavía queda un camino largo por recorrer para garantizar la conectividad de todas las personas en México. Hay una brecha digital preocupante sobre todo en agravio de la población rural y de los sectores de menores ingresos en general”, por lo que es necesario fortalecer a través de otras herramientas el ejercicio del derecho a saber.
Sin embargo, durante la pandemia del coronavirus las TIC jugaron un papel importante en la desinformación. LMG recomienda usar responsablemente la información, verificar las fuentes, contrastar los datos, ir directo a otras fuentes oficiales o de medios de comunicación y evitar difundir contenidos falsos o engañosos. “La infodemia se ha convertido en un elemento por el cual la desinformación se ha desarrollado en la sociedad a través de las formas y medios de comunicación. Ha impactado negativamente en el ejercicio de derechos, sobre todo en un contexto de salud por el virus Covid-19, lo cual generó confusión, y desinformación en distintas comunidades y sociedades”.
Recomendó que el Estado no encabece iniciativas para combatir la desinformación porque pueden convertirse en mecanismos de censura directa o indirecta. En su caso, consideró como alternativa “la democratización de los medios, la pluralidad mediática, así como la alfabetización mediática e informativa (MIL, por sus siglas en inglés), pueden contribuir a aportar elementos y herramientas para que los medios de comunicación y la sociedad en general puedan tener las capacidades de identificar y verificar información verdadera para su difusión, y así, poder ejercer libremente nuestro derecho a la información”.
Por último, sobre la importancia de los organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información, aseguró que su existencia permite promover, defender y proteger este derecho, además de obligar a las autoridades a cumplir con sus deberes de transparencia. “Los organismos autónomos tienen la obligación de velar por el cumplimiento de nuestros derechos, de requerir a los sujetos obligados a cumplir con sus responsabilidades. Las conquistas democráticas de las instituciones de derechos humanos radican en la necesidad de contar con organismos ciudadanos, que vigilen el cumplimiento, además de que sirven como mecanismos de defensa ante las violaciones que ocasionen las instituciones a nuestros derechos”.
