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EL ÁRBOL DEL PARAÍSO
Odebrecht: una historia de opacidad
Por Raúl Olmos
Periodista
inco cajas repletas de documentos abrieron la expectativa de desentrañar muchos secretos en torno al caso Odebrecht. Tras una lucha de 20 meses contra la opacidad, fui citado el mediodía del 16 de julio de 2018 en el piso 9 de la Torre Titano de PEMEX, en el cruce de las avenidas Marina Nacional y Laguna Mayrán, en la Ciudad de México, para recibir un voluminoso expediente que había peleado desde octubre de 2016. Estaba impaciente por recibir los papeles. Intuía que en ellos descubriría –o en realidad confirmaría– las redes de complicidad que había tejido Odebrecht con funcionarios públicos para ser beneficiada con contratos y concesiones que sumaban miles de millones de dólares. El periodismo de investigación consiste en atar cabos, en armar rompecabezas. Y yo tenía muchas piezas sueltas que me urgía completar para poder comprender la compleja trama tejida en México del mayor caso de corrupción del continente. Esas cajas, de alguna forma, contenían hebras que podían conducir hacia los compinches de la constructora brasileña. Era un lunes a mediados de verano y hacía calor. Pero yo sudaba más por la inquietud de conocer el contenido. Tras entregar una clave que me fue asignada y una identificación, un guardia de PEMEX me dio acceso a la torre. Subí el elevador y al llegar al piso 9, ya me esperaba una empleada de la Unidad de Transparencia, quien sin más demora me condujo hasta donde estaban mis cajas. “Firme aquí”, me dijo. Completé el papeleo, y con el auxilio de un empleado las llevé a la planta baja del edificio, en donde ya me esperaba una camioneta de Uber. Una a una las subí a la parte trasera del vehículo, que de inmediato me llevó a la Torre Omega, en Campos Elíseos, en Polanco, a escasos 15 minutos de distancia, en donde ya me esperaban dos compañeros de trabajo que me ayudaron a subir las cajas al primer piso, en donde están las oficinas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya instalado en mi escritorio, las abrí con ansia y empecé a sacar pacas de documentos, algunos atados con ligas y otros con cintas de papel. Cuando logré desenvolverlos, mis expectativas se tornaron en sorpresa, luego en coraje y finalmente en frustración. Una mezcla de sentimientos se agolpó en segundos en la boca del estómago. Los paquetes contenían cientos, miles de documentos censurados. Uno tras otro tachados con enormes manchones de tinta negra. Nada que ver, nada por descubrir. Todo oculto a la vista de los intrusos, de los rastrilladores de inmundicia, como desde hace más de un siglo nos llaman a los periodistas de investigación. Nunca como en ese momento la descripción me pareció más precisa. Estaba rastrillando en la mugre, en la mierda de un caso de corrupción que el poder político se afanaba por mantener en la oscuridad. Pero no me iba a dar por vencido. Debía encontrar formas de darle la vuelta a esa intención deliberada de ocultamiento. Y así lo hice.
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Las primeras pistas de Odebrecht en México
La Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) siempre ha sido un sitio de encuentro entre colegas del continente para el intercambio de metodologías, experiencias y pistas sobre nuevas coberturas. Desde 2010 había acudido a ese encuentro, realizado aquel año en Argentina, y había tenido la fortuna de que edición tras edición los organizadores me convocaban para presentar mis investigaciones, en sedes itinerantes que incluían media docena de países.
En octubre de 2014 la COLPIN se realizó por primera vez en la Ciudad de México, en la que, por cierto, tuve el honor de entrar en la lista de periodistas galardonados, con una investigación sobre el poderío económico de los Legionarios de Cristo.
En aquel encuentro en la Ciudad de México conocí las primeras pistas en torno a un caso de corrupción monumental surgido en Brasil y del que había indicios de haberse extendido a otros países del continente. En una reunión realizada el sábado 11 de octubre en un salón del hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma, el colega brasileño Fernando Mello, de Folha de Sao Paulo, nos contó a los periodistas reunidos en COLPIN de los vínculos oscuros que había entre un club de constructoras y el poder político de Brasil para el reparto de contratos.
Ya para entonces estaban en marcha las maniobras corruptoras de Odebrecht en México. Por esos días la constructora brasileña había entrado en arreglos para obtener nuevas adjudicaciones en Pemex en las refinerías de Tula y de Salamanca.
Al año siguiente, el caso de corrupción surgido en Brasil ya estaba en la agenda de muchos periodistas de investigación del continente. En noviembre de 2015, en la edición de COLPIN que se realizó en Lima, conocí de boca de algunos colegas de Brasil detalles de cómo la trama de corrupción involucraba a políticos, gobernantes y un abanico de constructoras que se habían coludido para repartirse contratos en la petrolera brasileña Petrobras. Y entre las constructoras corruptas estaba Odebrecht.
Para entonces el caso de corrupción ya tenía nombre: se le llamó Lava Jato, que significa en portugués “Lavado a chorro”, porque las primeras pistas las había descubierto la Policía en locales de limpieza de autos en Brasilia que eran utilizados para lavar dinero. Los periodistas que acudimos a COLPIN fuimos citados la tarde del sábado 21 de noviembre en un salón del hotel Marriot, ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima, para dialogar con la doctora Laura Gonçalves Tessler, procuradora del Caso Lava Jato en el Ministerio Público de Brasil. Ahí nos habló de cómo se investigaba “el caso de corrupción que remece a América Latina”.
Al día siguiente, al mediodía del domingo, hubo un segundo encuentro, ahora con colegas brasileños que nos contaron más detalles del escándalo de Petrobras. Vinicius Sassine del periódico O Globo, de Río de Janeiro, y Andereza Matais de O Estadão de Sao Paulo, nos hablaron de los sobreprecios pagados en obras ejecutadas en dos refinerías en las que Odebrecht y otras integrantes del cártel Lava Jato habían sido contratistas. Rubens Valente, del diario Folha de Sao Paulo, hizo un recuento de cómo la cobertura periodística había sido clave para revelar la extensa trama de corrupción.
Apenas regresé a México, me enfoqué en revisar si alguna de las constructoras involucradas en el caso Lava Jato habían tenido contratos en PEMEX. Y desde entonces empecé a recopilar información sobre la oscura historia de Odebrecht en nuestro país.
En diciembre de 2016, los organizadores de COLPIN me invitaron a participar en la edición que se realizaría en Panamá en forma coincidente con la cumbre mundial anticorrupción, organizada por Transparencia Internacional, para exponer una investigación que meses antes había publicado en el sitio de Aristegui Noticias, sobre cómo fondos públicos habían ido a parar a la empresa de un presunto operador financiero de un cártel del narcotráfico que había participado en el esquema de financiamiento de Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial de 2012.
Aquel encuentro periodístico terminó por afianzar las líneas de investigación que ya tenía en curso sobre la trama de corrupción de Odebrecht en México. El sábado 3 de diciembre, en un salón del centro de convenciones de Panamá, hubo un encuentro con colegas brasileños que rastreaban el caso Lava Jato, entre ellos Vladimir Netto, autor del libro que inspiró la exitosa serie El Mecanismo, producida por Netflix; Rubens Valente, de Folha y Ricardo Brandt de O Estadão de Sao Paulo, quienes nos hablaron de algo que para los mexicanos era impensable: la absoluta transparencia de los actos judiciales conforme avanzaban los procesos del caso Lava Jato. Los periodistas recibían una clave para poder acceder a los expedientes y así lograban profundizar en sus investigaciones.
Casi a la par, un grupo de periodistas nos reunimos con los fiscales del caso Lava Jato que habían viajado a Panamá para recibir el premio global anticorrupción, por su labor que develó una extensa trama de complicidad de los poderes políticos y económicos. En aquel encuentro conocimos, en boca de los propios investigadores, las implicaciones y derivaciones que el caso surgido en Brasil tenía para toda Latinoamérica, incluido por supuesto México. En ese contexto fue donde tejí alianzas con colegas de distintos países para realizar una cobertura transnacional.
Ya no había dudas de que la trama de corrupción iba a tocar a México. Y con esa idea muy clara planteé a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (a la que me incorporé en mayo de 2016) que en la agenda de reportajes para publicar en 2017 debíamos incluir una investigación sobre las implicaciones del caso Lava Jato en México, y en particular sobre los oscuros contratos asignados por PEMEX a Odebrecht. Salvador Camarena, director de la unidad de investigación periodística, y Daniel Lizárraga, en esos días mi editor, aceptaron con entusiasmo la propuesta y con esa tarea pendiente me fui a gozar de las vacaciones de fin de año.
Sin embargo, una noticia inesperada rompió con la quietud de los días de descanso, en la víspera de las fiestas navideñas. El 21 de diciembre de 2016 ante una Corte en Nueva York, directivos de Odebrecht se confesaron culpables de haber repartido 788 millones de dólares en sobornos entre 2003 y 2016 en 12 países de América Latina y África. Aquella confesión representaba un terremoto que sacudiría las más altas esferas del poder político, con el involucramiento de presidentes, ministros, legisladores, funcionarios de primer nivel, gobernadores… La clase política de los más variados espectros ideológicos había sido tocada por el poder corruptor de Odebrecht. Y México, obviamente, no escapaba de ese sismo.
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Como un Secreto de Estado
El 6 de octubre de 2016, dos meses antes de que explotara a nivel continental el caso Odebrecht, había preparado una amplia batería de solicitudes de información a distintas áreas de PEMEX, en las que pedí que me proporcionaran copia de todos y cada uno de los contratos otorgados en una década a la constructora brasileña y a sus filiales Proyectos Ebramex, Mina-Trico y Braskem. Además, pedí que me entregaran copia de los anexos, ampliaciones, facturas y cheques que se hubieran generado derivados de esos contratos.
La información que hasta ese momento había recopilado era que Odebrecht acumulaba al menos una decena de contratos y convenios en México entre 2005 y 2016. Tenía los elementos para enfrentar una posible negativa de PEMEX a mis peticiones realizadas vía transparencia.
Y ocurrió tal como lo había previsto: PEMEX atendió mis solicitudes con la respuesta de “inexistencia de información”. Es decir, en primera instancia ocultaba los contratos, sin ningún argumento. No me di por vencido y arremetí con más solicitudes, antes de iniciar la vía de la impugnación o el litigio.
En las siguientes peticiones incluí tal cantidad de detalles, que volvía casi imposible que me negaran la existencia de los documentos; por ejemplo, en una solicitud anoté que en su reporte anual de 2014 PEMEX había informado sobre la asignación de un contrato por 107 millones de dólares a la constructora Norberto Odebrecht SA, para obras en el proyecto de reconfiguración de la refinería de Tula, con un plazo de ejecución de febrero de 2014 a septiembre de 2015. Con información tan precisa sobre fechas y montos intentaba mostrarle a PEMEX que yo tenía amplio conocimiento de la existencia de ese contrato y que, por lo tanto, no me lo podían negar.
Fue así que logré que el 6 de noviembre de 2016 PEMEX reconociera la existencia de cinco contratos asignados a Odebrecht: dos en la refinería de Tula, uno en la de Salamanca y dos en Minatitlán. La petrolera me notificó aquel día que ponía a mi disposición 27 mil 489 fojas de contratos, anexos y convenios de ampliación, y que si requería que me las entregaran como copia certificada debía pagar cada una en 18 pesos, es decir, desembolsar casi medio millón de pesos. Para cualquier periodista ese costo de la transparencia es imposible de cubrir. Cuando seguí leyendo la notificación, me topé con un dato que me devolvió el aliento: tenía la opción de obtener los expedientes en copia simple, con lo que el pago se reducía a 13 mil 744 pesos. El costo era alto, pero viable de cubrirse.
Sin embargo, tres distintas notificaciones de PEMEX, en las que me informaron de la existencia de los contratos, habían omitido algo esencial: adjuntar la forma de pago para iniciar el trámite. Solicité a la Unidad de Transparencia que me enviara el formato, pero nunca respondieron. Su supuesta disposición de abrir los expedientes era solo de palabra, porque en los hechos seguían poniendo trabas para acceder a ellos. Pasaron las semanas sin que hubiera una respuesta y muy pronto llegaron las vacaciones de fin de año; cualquiera sabe que para los burócratas esos días son sagrados, así que su silencio en torno a mis peticiones fue absoluto apenas se acercaron las fiestas navideñas. El 21 de diciembre de 2016 ocurrió un suceso que dificultó todavía más el acceso a los documentos de Odebrecht; aquel día, la constructora brasileña confesó en una corte en Nueva York que había obtenido beneficios con gobiernos de 12 países mediante el pago de sobornos. Y, obviamente, en ese listado de corrupción estaban contratos con PEMEX.
En enero de 2017, cuando concluyeron las vacaciones, la petrolera negó por completo mi derecho de obtener los contratos, con dos argumentos: 1) que ya había vencido el plazo para realizar el pago (pese a que nunca accedieron a entregarme los formatos) y 2) que se había iniciado una investigación interna para determinar el involucramiento de funcionarios de la petrolera mexicana en los actos de corrupción confesados por Odebrecht. A mediados de aquel mes, PEMEX formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y todos los contratos quedaron bajo reserva porque formaban parte de una carpeta de investigación. Aquello parecía, en realidad, una maniobra para ocultar información que ponía en riesgo a la clase gobernante porque —luego se supo— el caso de corrupción alcanzaba a las más altas esferas del poder, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a por lo menos tres secretarios de Estado.
Ante el ocultamiento, decidí pedir apoyo a los abogados del departamento de litigio de Mexicanos contra la Corrupción, quienes promovieron un juicio de amparo. Tuvieron que pasar 20 meses para que PEMEX accediera a entregar los documentos que yo había gestionado desde octubre de 2016, y que, en forma reiterada, con múltiples argumentos y maniobras había intentado ocultar.
El 21 de junio de 2018, la Unidad de Transparencia de la petrolera me hizo llegar el siguiente mensaje:
“Se adjuntan los recibos de pago de solicitudes de acceso a la información con números de folio: 1857200252116; 1857200252216, 1857300007516 y 1857300007616, de Petróleos Mexicanos y Pemex Etileno. Lo anterior, de acuerdo por el cual el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio de amparo 740/2017, determinó que se haga de su conocimiento, el número de cuenta o en su defecto, la forma de pago, o bien, le proporcionen la línea de captura correspondiente con el propósito de que pueda realizar el pago respectivo y obtener la información que solicitó”.
A la par de que se resolvía el amparo, yo había impugnado otras negativas de información y había logrado, en agosto de 2017, que PEMEX me entregara copias de las actas de sesiones en las que se decidieron otorgar beneficios oscuros a Odebrecht, así como un expediente parcial de 12 mil 624 fojas de contratos y anexos, en el que descubrí que dos constructoras del casero de Miguel Ángel Osorio Chong, en esos días el poderoso secretario de gobernación, habían resultado beneficiadas como subcontratistas en una obra asignada mediante sobornos. También ya para entonces había obtenido documentos de obras hidráulicas asignadas a la constructora brasileña por los gobiernos de Michoacán (cuando ese estado fue gobernado por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy) y de Veracruz (en el periodo de Javier Duarte), además de haber identificado la compleja trama de una red de empresas fantasma que había sido articulada para ocultar el pago de sobornos.
Fue finalmente en julio de 2018 cuando, en dos tandas, obtuve más de 55 mil documentos de obras asignadas a Odebrecht en las refinerías de Minatitlán, Tula y Salamanca. Fue una lucha de casi dos años que se vio opacada cuando abrí las cajas que me entregaron en el piso 9 de la Torre Titano de PEMEX: en su interior había montones de papeles oficiales censurados, tachados con tinta negra para ocultar la información que permitiría identificar a los responsables de la trama de corrupción. Esa acción era un indicio muy evidente de encubrimiento.
La opacidad en torno a Odebrecht venía de muchos años atrás. En mayo de 2012, cuando todavía ni siquiera se sospechaba de la extensa trama de corrupción, un ciudadano solicitó copia de un contrato suscrito por PEMEX con Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht. Como respuesta, le entregaron una versión censurada, con las partes esenciales tachadas con tinta. En decenas de solicitudes más realizadas desde entonces, PEMEX negaba la existencia de la información o entregaba el documento censurado.
¿A qué se debía ese ocultamiento? A que ese contrato contenía información que evidenciaba el trato privilegiado que el gobierno de Felipe Calderón, y luego el de Peña Nieto, le habían otorgado a la compañía brasileña. Para entender este favoritismo, nos debemos remontar a los días en que ambos eran presidentes. Veamos:
El lunes 24 de octubre de 2011, Calderón convidó a comer en la residencia oficial de Los Pinos a los directivos de Braskem, empresa con la que un año antes su gobierno había firmado un contrato para suministrarle 66 mil barriles diarios de gas etano para la operación de una planta de polietileno en Veracruz, llamada Etileno XXI. A su derecha, en sitio de honor, Calderón reservó una silla para Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía brasileña, y quien luego se conocería fue el principal protagonista de la trama de corrupción transfronteriza. En las fotografías de aquel encuentro, se ve a Calderón muy sonriente, departiendo con el gran corruptor.
El gobierno de Felipe Calderón presumió el contrato con Braskem como parte de la mayor inversión del sexenio. Pero lo que nunca dijo fue que el acuerdo establecía vender el insumo a un precio preferencial, a 20 años, que resultaba lesivo para PEMEX. Tan sólo en los primeros dos años de la operación de Etileno XXI, la petrolera mexicana perdió 3 mil 642 millones de pesos al vender el gas etano debajo de su precio real. En términos prácticos, esto equivale a subsidiar la operación de la planta petroquímica de Odebrecht. Y lo peor: ese subsidio se extendería a 20 años. ¿A cambio de qué otorgó Calderón esos privilegios?
Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México, de inmediato refrendó el acuerdo con Etileno XXI, pese a que representaría pérdidas multimillonarias y agravaría la crisis financiera de PEMEX. Los privilegios no quedaron ahí: su gobierno le multiplicó los contratos a Odebrecht, con obras en las refinerías de Tula y Salamanca, y la construcción de un gasoducto en el norte del país. Tantos beneficios tenían una explicación: la compañía brasileña había financiado la campaña electoral de 2012 que le permitió llegar a la Presidencia.
Al igual que con Etileno XXI, la tónica de PEMEX fue ocultar todos los documentos generados alrededor de Odebrecht. En agosto de 2014, un ciudadano solicitó el número de contratos y montos entregados a la compañía brasileña a partir del año 2000, y la Unidad de Transparencia notificó “inexistencia de información”, pese a que las asignaciones de obra a la constructora brasileña venían desde el sexenio de Vicente Fox y para entonces ya sumaban varios miles de millones de dólares.
El 21 de enero de 2016, otro ciudadano solicitó copia del contrato de PEMEX con Odebrecht en Tula, y la respuesta textual fue que el documento requerido era inexistente. Lo mismo le respondieron a otra persona que en abril del mismo año pidió información sobre el contrato por casi mil millones de dólares que la filial TAG Pipelines Norte había adjudicado al consorcio OAT, formado por Odebrecht, Arendal y Techint para la construcción de un tramo del gasoducto Los Ramones; la petrolera mexicana primero declaró inexistencia de la información y luego alegó que los contratos de TAG tenían una cláusula de confidencialidad que obligaba a mantenerlos bajo reserva por 12 años por contener “secretos industriales”. Es decir, se podrían conocer hasta el año 2027.
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Alianzas periodísticas, clave para enfrentar la opacidad
Mientras en México los periodistas nos enfrentábamos a la cerrazón de las autoridades, en otros países fluía constante la información sobre las pesquisas en torno a Odebrecht. Así que una alternativa para continuar la investigación periodística del caso fue salir a buscar alianzas con colegas del extranjero, en particular en Brasil, país en el que surgió el caso Lava Jato, y en Perú, donde las indagatorias terminaron involucrando a cuatro expresidentes (uno de ellos, Alan García, decidió suicidarse antes que ser arrestado).
La primera alianza fue con una red impulsada por Gustavo Gorriti, el veterano maestro del periodismo de investigación, en la que sumó a IDL Reporteros de Perú, La Prensa de Panamá, ArmandoInfo de Venezuela, La Nación de Argentina, Univisión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Con esa red de aliados se difundió en febrero de 2017 una primera investigación titulada “La Negra Historia de Odebrecht en México”, que realicé en conjunto con Daniel Lizárraga y que aquel año fue reconocida con el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.
Meses después me integré a la red Investiga Lava Jato, coordinada por la colega peruana Milagros Salazar, que logró sumar a 20 periodistas de 15 países de Latinoamérica y África. Esta nueva red se formalizó el 11 de mayo de 2017 en Lima, Perú, tras el cierre de actividades del Encuentro Latinoamericano de Periodistas de Investigación sobre Flujos Financieros Ilícitos, organizado por Convoca y la organización Latindadd, y que durante dos días convocó a colegas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y México. Antes de retornar a nuestros respectivos países, los participantes de aquel encuentro acordamos reunirnos por la noche en los jardines del hotel El Señorial, donde nos hospedábamos, en el distrito residencial de Miraflores. En esa reunión informal de amigos acordamos realizar investigaciones conjuntas y compartir información.
Un aliado clave en esta nueva red fue Flavio Ferreira, de Folha de São Paulo, que nos abrió camino con fuentes en Brasil, en particular con fiscales y jueces en Curitiba, capital de la provincia de Paraná, donde había surgido la investigación de la gigantesca trama de corrupción. Con Flavio visité, el 17 de julio de 2017, en Curitiba, al juez Sergio Moro, quien encabezó la causa del caso Lava Jato, y al día siguiente de esa cita me encontré con el fiscal brasileño Orlando Martello, quien por esos días había estado presente en el interrogatorio que funcionarios de la PGR le habían realizado en Brasil a Marcelo Odebrecht.
Esta alianza no solo fue útil para cultivar fuentes ligadas directamente con la investigación y los procesos judiciales. También permitió el acceso a expedientes que, si bien se habían iniciado en Brasil, en múltiples ocasiones hacían referencia a actos de corrupción cometidos en otros países, entre ellos México. Más de 18 mil documentos fueron compartidos con todos los aliados en una plataforma digital.
Entre los documentos compartidos estaban los estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua, la institución financiera propiedad de Odebrecht que era utilizada para triangular sobornos a políticos latinoamericanos; cientos de correos electrónicos interceptados a los directivos de la empresa brasileña, planillas de pagos ilícitos, relaciones de cientos de obras en el continente obtenidas mediante actos de corrupción, nombres de empresas fachada y códigos secretos de los involucrados en esta trama criminal.
El acceso a expedientes y fuentes en Brasil me permitió localizar las transferencias millonarias que el departamento de sobornos de Odebrecht había realizado para financiar la campaña electoral de Peña Nieto en 2012; los traspasos realizados desde Suiza a empresas de Emilio Lozoya; la red de empresas ‘fantasma’ a través de la cual se financió a candidatos del PRI en Veracruz y en Tamaulipas; las planillas que demostraban sobornos en Michoacán; los acuerdos secretos para el contrato de Etileno XXI, que salpicaban a Felipe Calderón; las cadenas de correos electrónicos que demostraban que Peña Nieto tenía tratos con Marcelo Odebrecht desde 2010, cuando era gobernador del Estado de México, y los documentos que evidenciaban que algunas citas entre ambos coincidían con fechas en las que se hicieron pagos ilícitos.
Fue tan fértil el trabajo colaborativo en la red Investiga Lava Jato, que de él se nutrieron al menos 20 investigaciones elaboradas para la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Con esta alianza en el extranjero le dimos la vuelta a la opacidad de las autoridades mexicanas.
El caso Odebrecht ejemplifica la importancia de la transparencia para el desarrollo del periodismo de investigación y para combatir los abusos de la clase gobernante. Cuando los actos de corrupción no se ventilan y mucho menos se castigan, se alienta a que otros repliquen esas conductas ilícitas.
Mi modesta contribución desde el periodismo apostaba a visibilizar las conexiones en México de un caso de corrupción de alcance multinacional. Mis aportaciones, junto con otros periodistas como Alejandra Xanic, Ignacio Rodríguez Reyna y Andrea Cárdenas en Quinto Elemento; Jesusa Cervantes en Proceso y Abel Barajas en Reforma, entre muchos otros, contribuyeron a evitar que la impunidad prevaleciera.
* Es periodista desde 1988. Ganó el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017, por la investigación «La negra historia de Odebrecht en México».
