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Panóptico
Vulneración de datos de periodistas.
Por Priscila Cárdenas
Dos días después de haber tomado protesta como Presidente de México, el 3 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador realizó la primera conferencia de prensa matutina, evento que se ha repetido todos los días de su gobierno.
En los 52 minutos que duró la primera “mañanera”, 11 reporteros tuvieron la oportunidad de hacer preguntas de temas diversos tras alzar la mano, decir su nombre y mencionar el medio de comunicación en que trabajaban.
Con la frase “Y de nuevo mañana aquí, a las 7” finalizó López Obrador ese primer encuentro matutino con periodistas, quienes con sorpresa y curiosidad comenzaron a buscar la manera de acceder al evento.
Teniendo como antecesores a presidentes que en eventos públicos colocaban un “corralito” para evitar que los reporteros se acercaran a preguntar, la llegada de las “mañaneras” brindó la opción de cuestionar a un Presidente de México de forma sencilla, sin esperarlo horas bajo las inclemencias climáticas o perderse en los laberintos administrativos que los departamentos de Comunicación Social planteaban para gestionar una entrevista.
A finales de 2018 y principios de 2019 bastaba con enviar una carta del medio de comunicación que acreditara como reportero o reportera y portar el gafete de la empresa para poder ingresar al Salón Moneda del Palacio Nacional, levantar la mano y hacer una pregunta.
Sin embargo, al poco tiempo las cosas cambiaron drásticamente, pues al cuarto mes de iniciadas las “mañaneras” desde el área de Información y Logística de Medios de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia notificaron que se implementaría un nuevo sistema.
Fue así como comenzaron a pedir requisitos y documentos con información específica y datos personales para tramitar una acreditación de ingreso a partir del 1 de abril de 2019.
Entre lo solicitado había copia de identificación oficial (como pasaporte o INE), una carta de la dirección general del medio de comunicación con datos fiscales y un documento de certificación de la audiencia.
La historia del medio de comunicación en máximo una cuartilla y una exposición de motivos donde se explique el porqué de asistir, así como la semblanza curricular del fundador del medio de comunicación fueron parte de los requisitos.
A casi 5 años de que se establecieron estas reglas, el 26 de enero de 2024 se dio a conocer que los datos personales de más de 300 reporteros acreditados ante la presidencia se encontraban públicos, incluyendo sus nombres completos y domicilios particulares.
En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero, sorprendió la noticia de que los documentos oficiales que los reporteros presentaron para realizar el trámite de su gafete de prensa terminaron en un foro donde los “hackers” ponen a la venta información filtrada, con la única diferencia que eran gratis.
Esta violación a la protección de datos personales visibilizó más la vulnerabilidad de los periodistas de México, país que de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras se colocó en 2023 en el segundo lugar del mundo más peligroso para ejercer la profesión.
Ante el panorama de desamparo hacia los periodistas transgredidos ha sido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) la única instancia para recurrir en estos casos.
Conforme a la Ley, lo primero fue llamar a la Presidencia a que en 72 horas explicaran qué pasó o de lo contrario se iniciaría una investigación de oficio.
Pese a que la versión inicial fue que se trató de un “hackeo”, posteriormente de Presidencia señalaron que se trató de un ex empleado de la Coordinación de Estrategia Digital quién filtró la información.
Este descuido hacia los datos personales de los periodistas y la ejecución de la Ley obligó también a la Presidencia de la república a notificar personalmente a los afectados sobre la situación, de manera que sepan que su información privada quedó pública y tomen medidas al respecto.
Además de iniciar la investigación para esclarecer el caso, parte de la labor del INAI ha sido exhortar a los periodistas afectados a denunciar, pues las vías para interponerla pueden ser presencial o por medios electrónicos. A la semana de ocurrida la situación sumaban 23 expedientes.
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es muy clara sobre que resulta del mal uso de la información y de las obligaciones que, adquiridas, siendo el principio de responsabilidad el más transgredido, no se adoptaron todas las medidas necesarias para el debido tratamiento.
Las consecuencias de casos similares se reflejan en las estadísticas del INAI donde llama la atención que 2023 cerró con multas por un total de 45 millones 849 mil 77 pesos a personas físicas o morales que infringieron la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares.
Detrás de estas cifras, ha habido mucho trabajo por parte del Instituto como talleres y actividades por toda la República con publicaciones, micrositios, medios de contacto presenciales y virtuales que han impulsado la cultura de la denuncia entre la ciudadanía que, cada vez más, sabe identificar cuando ha sido violado su derecho a la información.
Será cuestión de tiempo ver las repercusiones legales que tendrá la divulgación de los datos personales de los periodistas, sin embargo, el incidente deja una lección muy clara para las autoridades de todos los niveles de gobierno, sobre no tomar a la ligera la información personal de las y los ciudadanos, y reitera la existencia de medidas y sanciones ante comportamientos negligentes como este.
