Fue un momento histórico en el parlamenterismo mexicano donde justamente los colores e ideologías partidistas se dejaron a un lado. Ya que influyeron varias voluntades que se unieron en ese momento como nunca antes se había logrado. Hablamos del poder legislativo, personas servidoras públicas de otras entidades, sociedad civil, academia y parsonas expertas para defender derechos humanos por medio de un modelo real de parlamento abierto en el cocreamos lo que hoy podemos denominar como Sistema Nacional de Transparencia.

En ese entonces fungí como asesor legislativo en el Senado de la República. Mi participación en la reforma constitucional — y legales— fue especialmente en la negociación con la sociedad civil, academia, partidos políticos y personas servidoras públicas sistematizando sus ideas para consolidar un marco normativo robusto en la materia. Esta tarea me fue encomendada por la entonces Senadora Arely Gómez designándome como Coordinador del Grupo Redactor de la Reforma Legal, en su función de Presidenta del Comité de Garantía y Acceso a la Información Pública.

Para responder esta pregunta, hay que enfocarse en los organismos garantes y cuestionarse: ¿Qué han estado haciendo los organismos garantes en estos 10 años? Definitivamente no podemos negar que hay un avance, que los derechos que se tutelan desde los organismos garantes hoy gozan con muchos mayores garantías y conocimiento de la sociedad que hace 10 años. Sin embargo, la defensa de las instituciones no puede darse en función de su naturaleza jurídica, sino respecto de sus resultados revisables y medibles en beneficio real para la sociedad. En ese apartado, desde mi perspectiva, existen grandes áreas de oportunidad en la consistencia del trabajo técnico de los organismos garantes. Esto es así porque no existe congruencia en las resoluciones a recursos de revisión que emiten. En múltiples ocasiones no atienden de fondo el asunto, ni evalúan con perspectiva de derechos las quejas de las personas. Mejorar las capacidades técnicas como entes que emiten resoluciones cuasi jurisdiccionales es de la mayor relevancia. Por otro lado, la supervisión de los organismos garantes a los sujetos obligados se basa especialmente en análisis cuantitativos y no en la calidad de la información o de los procesos. Para un particular es muy difícil encontrar la información que busca en la Plataforma Nacional de Transparencia, no por la estructura de la plataforma, sino por la deficiente calidad de información que suben los sujetos obligados a los que únicamente se les supervisa de manera superficial, verificando si tienen sus obligaciones cargadas sin analizar su calidad. Finalmente, los organismos garantes no han mostrado los “dientes” que tanto solicitaron en la reforma constitucional. Por ejemplo, las medidas de apremio del informe del INAI del 2021 fueron inexistentes, tanto en materia de acceso a la información como en protección de datos personales. Es por todos sabido que los sujetos obligados no consideran como un riesgo real el incumplimiento de la normatividad en la materia por la falta percepción de riesgo.

Considero que los principales retos se concentran tanto en organismos garantes como en sujetos obligados. En primer lugar, existen desafíos de infraestructura tecnológica en gran cantidad de sujetos obligados, a esto, se le suman las carencias de recursos materiales y humanos. En los sujetos obligados –especialmente locales– se le tiene poca valoración a las políticas de transparencia garantizandola solamente con el “cumplir por cumplir”. Existen retos en la capacitación del personal, en su sensibilización y en el uso de tecnologías para sistematizar y publicar la información. Por otro lado y como ya comenté, los retos de la transparencia en los organismos garantes son muy pronunciados ya que no estan garantizando el acceso a la información a las personas de manera efectiva. Existe una preocupación válida en la comunidad de práctica que se está burocratizando el acceso a la información. Aquí no se percibe una carencia de recursos materiales y/o financieros generalizada, sino una falta de compromiso de su personal con la efectiva garantía de derechos humanos. Los organismos garantes no evalúan correctamente los medios de impugnación, tampoco hacen uso de sus facultades de sanción. A esto, hay que sumar que tampoco ejercen sus facultades de revisión de obligaciones de transparencia, y esto se puede notar en la información que cargan los sujetos obligados en la PNT, muchos no lo hacen y, en su mayoría, quienes lo hacen suben la información con una calidad deficiente (ilegible, a medias o no es la información solicitada).

Desde el punto de vista de consturcción institucional, normativa y procedimiental, me parece que México cuenta con uno de los sistemas en la materia más robustos de la región y del mundo. Sin embargo, una revisión más profunda, en la parte sustantiva, en el justificar a la sociedad los beneficios objetivos y medibles que el derecho a la información ha traído al ejercicio del poder, la mejora de servicios o el combate a la corrupción, los resultados realmente son pocos. A pesar de que se les otorgaron nuevas facultades a los organismos garantes, además de su independencia y nuevas obligaciones de transparencia a los sujetos obligados, no han garantizado el acceso a la información de las personas y han dejado de lado las facultades que tienen al interior de los sistemas locales y el nacional en materia de combate a la corrupción. A 10 años de la reforma se ha avanzado, pero las expectativas eran muchos mayores y el potencial del modelo todavía tiene mucho por funcionar de manera completa y efectiva.

Para empezar, en la SCJN impulsé la generación de contenido de difusión para comunicar con lenguaje accesible las resoluciones jurisdiccionales, participé en la construcción de sofisticados motores de búsqueda sobre información jurisdiccional nacional e internacional, y tuve la oportunidad de promover la, entonces recién aprobada, reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011. Como ya mencioné en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, participé en la negociación y redacción de la reforma constitucional del 2014. Cuando fungí como Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental en la PGR –y presidente de su Comité de Transparencia— generamos la versión pública de la carpeta de investigación en trámite del caso Ayotzinapa, asimismo, coordiné la creación de la plataforma que hoy es el antecedente del Registro Nacional de Detenciones, misma que hoy es consultada por particulares y periodistas mayormente. Cuando fui Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción generamos y aprobamos los formatos de declaraciones patrimoniales, así como la creación de la Plataforma Digital Nacional. En la iniciativa privada como consultor, he realizado revisiones y profundos diagnósticos sobre la idoneidad de la Plataforma Nacional de Transparencia, evaluado las políticas de transparencia de instituciones de gobierno, a sus servidores públicos y el nivel de recursos que se utilizan para su garantía. He capacitado a empresas privadas sobre como ejercer su derecho de acceso a la información, así del como tramitar un medio de impugnación.

Considero que para contar con metas definidas todos los entes que intervienen en el SNT deben alinearse a tres ejes rectores: Rendición de Cuentas, Colaboración y Simplificación. Cada uno de estos va encaminado a la realidad de los organismos garantes. Se debe crear un marco estratégico que los proyecte como instituciones garantes de la renidición de cuentas en nuestro país. Asimismo, la colaboración es un eje escencial para contar con objetivos definidos, por medio de esta, tanto organismos garantes, como sujetos obligados y sociedad civil pueden construir acuerdos que retomen diversos puntos de vista, encaminados a la construcción de objetivos plenamente consensuados. Finalmente, hablamos de simplificación como medida para eficientar la consecusión de los objetivos definidos. Debemos eliminar las barreras y costos que complejizan el ejercicio del derecho de acceso a la información utilizando mecanismos de innovación tecnológica para hacer que este derecho sea más accesible para todas y todos.