pisado con más fuerza a las mujeres, la población negra o indígena o las disidencias de género y/o sexuales. Los millones de pobres del mundo, los de ahora, los de antes, los de siempre.

En este punto, si como ya vimos, la excepción deviene en regla y la necesidad obedece a razones políticas, pero también económicas y, en todos los casos, se compromete la libertad y los derechos de los individuos, surge entonces la urgencia de reflexionar en torno al sentido de la consideración del sistema penal como antesala de la justicia. ¿Cuáles serían los elementos que nos permitirían balancear la ecuación del Estado de derecho? Ubicaríamos tres, el primero, a la ley misma, al conjunto de leyes y normas que son el núcleo del engranaje del poder que ejerce la coerción social a la luz de mantener el orden público; el segundo, su aplicación, no obstante, es necesario agregar un facto subyacente, la manera en que se interpretan las leyes y, en ese sentido, se agrega el tercer elemento, los marcos de sentido que están detrás de tal interpretación y, en consecuencia, de la ejecución de las leyes.

Para hablar de justicia tendríamos que hablar de un Estado que garantice leyes y mecanismos proporcionales y adecuados, además de procesos apegados a las buenas prácticas y con transparencia. Es probable que para ambos escenarios existan mecanismos de medición de impacto desde un punto de vista objetivo y sistemático, sin embargo, los marcos de sentido se adscriben a atmósferas subjetivas y líquidas en donde los significados se expanden y, por lo tanto, las identidades, las relaciones y las prácticas pueden ser castigadas o defendidas no desde las leyes formales sino en proporción directa al deber ser desde el que se adscribe el juez  la jueza que sentenciará a las personas vinculadas a un proceso judicial.

Han surgido varios esfuerzos desde varias trincheras para mitigar el impacto de las interpretaciones sesgadas del sistema judicial, por ejemplo, el conjunto de manuales y protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, o bien, bajo una mirada multicultural. No obstante, cabe preguntarse, ¿de qué manera podemos, como sociedad, tener la certeza de que, en efecto, los engranajes del poder operan con apego a la justicia y al Estado de derecho?

El acceso a las sentencias es una vía para utilizar los instrumentos que el mismo Estado ha desarrollado para, por ejemplo, revisar aquellos casos de mujeres privadas de la libertad en donde se presuma que sus vinculaciones, sus procesos y sus sentencias fueron efectuadas sin enfoque de género. Mujeres a las que se les ha encarcelado sin que haya mediado una revisión a sus historias y a las violencias estructurales que han experimentado.

El discurso carcelario y punitivo se construye para encerrar a los que se han quedado en los márgenes del sistema capitalista y cuyas presencias ponen en riesgo al sujeto hegemónico y su libertad de consumo. La maquinaria de Estado converge con la sociedad de control y disgrega la población dejando fuera a los que sobran. El Estado, como rector del orden público, a través del derecho penal edifica esa barrera que emerge para que, mediante el castigo, se persuada a los individuos de respetar las leyes que, bajo esa lógica, garantizan el orden público y la interacción social.

La cultura de control supone que el castigo es lo más cercano a la justicia. ¿Es así? El hecho de tener las cárceles derramadas de cuerpos –porque parecen perder su estatus de personas– es equiparable a sentirnos, como sociedad, parte de un Estado que provee justicia. ¿De verdad? El castigo y la cárcel son elementos disuasorios para que los demás miembros de la sociedad se abstengan de cometer delitos. ¿Esto ocurre? ¿Tenemos la certeza de que cada sentencia se emitió libre de juicios morales basados en ideas sesgadas del deber ser de acuerdo con el orden del género?

Ser mujer es un vértigo. Para algunas mujeres habitar un país como el nuestro, es caminar, todos los días, al borde del desbarrancadero de discriminación, desigualdad, precariedad, violencia, muerte. Un continuum de violencia como hilo conductor de las historias de cientos de mujeres mexicanas del pasado, de los últimos años y de siempre ¿y el Estado?

Por ello es necesario hacer un alto en el camino y repensar la figura del Estado más allá de sus órganos instrumental y procesal sino en su núcleo institucional, en su sentido político, su legitimidad, su transparencia y su rendición de cuentas. Si bien persiste el prejuicio de asociar a la violencia como una elemento intrínseco de lo político, es preciso apuntar que ésta obedece también a la necesidad de consolidar el orden social toda vez que el marco regulatorio posea los mecanismos necesarios para autolimitar sus alcances y facultades, en otras palabras, siempre que el poder legislativo sea un contrapeso real en el mantenimiento, reformas y hechura de nuevas leyes y, en paralelo, con la participación de un órgano judicial cuya autonomía no sea letra muerta y, con independencia ideológica y partidista, funja a cabalidad su papel enjuiciador en aras de la justicia, la legalidad e institucionalidad.

Trabajos citados

Agamben, G. (2010). Estado de excepción. Homo sacer II. Valencia: Pre-textos.

Wacquant, L. (2009). Castigar a los pobres. Barcelona: Gedisa.