Durante las últimas décadas, a nivel mundial, se han dado múltiples cambios derivados de factores sociales, económicos y políticos, ─no carentes de consecuencias─ que representan una serie de retos no solo para las instituciones gubernamentales nacionales, sino también para los organismos supranacionales. En este contexto, las cambiantes formas de producción, nuevos patrones sociales, cambios institucionales, la polarización de la desigualdad económica, el recrudecimiento de la inseguridad en determinadas regiones en el mundo, la migración, así como la injusticia, entre otros factores han comenzado a dejar como resultado una situación de vulnerabilidad social a determinados grupos poblacionales en el mundo; quienes en su contexto o situación se ven debilitados e incapacitados para afrontar, neutralizar u obtener beneficios en su sociedad.

Estos grupos en situación de vulnerabilidad cobran vital importancia dado el anterior contexto. Asimismo, para mejor comprensión, se deben entender como aquellos sectores o grupos de la población que, por condiciones de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentren en una situación de riesgo y, por ende, tienen limitantes para participar en la vida productiva, acceder a las condiciones de desarrollo personales y a mejores condiciones de bienestar. Dentro de este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cataloga entre los grupos vulnerables a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la comunidad LGBTTTI+, personas indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, entre otros.

Es así, como en el marco de un mundo multipolar, en septiembre de 2015 se alcanzó a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobación de la agenda 2030; una agenda civilizadora multilateral entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y actores diversos, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de toda acción y llama a cambiar el enfoque del desarrollo, particularmente, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Este suceso representó y representa para la región latinoamericana, la oportunidad para afrontar de lleno la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus formas, el compromiso de reconocer a todas las personas, alcanzar la paz y obtener prosperidad compartida. Lo anterior, sin perder de vista el objetivo prioritario: encaminarse conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria y equitativa.

En este contexto mundial, el gobierno mexicano y las instituciones públicas que lo integran, han adoptado en sus agendas, políticas públicas, programas y acciones gubernamentales, los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y la Agenda 2030. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como organismo nacional autónomo, impulsa a través de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, una iniciativa para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en distintos grupos de población, con énfasis en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o que habitan en zonas de alta y muy alta marginación: el Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales PROSEDE INAI.