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TRANSPARENCIA JUDICIAL Y LEGISLATIVA

SENTENCIAS DE LECTURA FÁCIL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

María del Carmen Cruz Marquiña

El acceso a la justicia fue reconocido como derecho humano en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

En el mismo sentido, nuestra Constitución en su artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Tratándose de condiciones de igualdad, se debe considerar que, a partir de su nivel de desarrollo cognitivo y emocional, los NNA se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por ende, en desigualdad respecto de los adultos; por tanto, se les debe otorgar una atención especializada y diferenciada.

Considerando el plano de desigualdad de los niños en relación con los adultos, la Convención sobre los derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, compila un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, a partir de cuatro principios fundamentales: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el respeto por la opinión de los niñas y niñas, la no discriminación y el interés superior del niño.

La expresión “interés superior del niño”, se encuentra en el artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño, además es un principio de rango constitucional porque se encuentra contenida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha expresión debe ser concebida como un derecho, un principio y una norma de procedimiento.

El interés superior del niño implica que en toda situación donde se vea involucrada una persona que aún no cumple los 18 años de edad, sea niño, niña o adolescente (NNA), se debe tomar la mejor decisión a fin de proteger y privilegiar sus derechos; todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de asegurarles la protección y el cuidado que son necesarios para su bienestar. Por consecuencia, este principio es la base fundamental para garantizar otros derechos, como su derecho a ser escuchados y su acceso a la justicia.

Recordemos que los derechos humanos son interdependientes, el acceso a la justicia es por sí mismo un derecho, pero también la vía idónea para la exigencia de otros derechos; en particular, en los casos donde se involucren o afecten los intereses de los NNA, ellos tienen la posibilidad de acudir ante los Tribunales para que se les administre justicia como personas titulares de derechos.

El acceso a la justicia de los NNA comprende el inicio de un procedimiento por motivo de su derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional; también es relevante la preparación previa para su participación en el mismo, así como su intervención en el juicio. Para ello, deben realizarse los ajustes necesarios por parte del Tribunal, debiendo generar todas las condiciones necesarias para adaptarse a las realidades y circunstancias personales de los NNA, y no al revés, con el objetivo de evitar una revictimización. De igual forma, comprende garantizar el derecho de la niñez a expresar su opinión en los asuntos que le afecten y que ésta sea tomada en cuenta, así como el derecho a ser escuchado en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo que le afecte. Lo anterior constituye el derecho humano reconocido por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; por consiguiente, la autoridad respectiva debe dar una respuesta a los NNA con relación a sus planteamientos.

Todo lo hasta aquí expuesto lleva a considerar que, otorgándose a los NNA una atención diferenciada y especializada, las autoridades jurisdiccionales o administrativas deben darles una respuesta a sus solicitudes y ésta debe emitirse en términos claros, concretos y sencillos.

Por lo que hace a las autoridades jurisdiccionales y sus sentencias, es adecuada la emisión de una versión en la que los NNA puedan comprender la procedencia o improcedencia de sus peticiones, así como el motivo por el que se ha resuelto en ese sentido; a dicha forma de comunicación del juzgador se le ha denominado sentencia de lectura fácil, en la cual se emplean palabras que corresponden a la capacidad cognitiva y lenguaje de los NNA, para que la misma pueda ser comprendida. La emisión de esta versión de resoluciones especiales para NNA, garantiza su derecho de acceso a la información, porque se trata de información generada por la autoridad jurisdiccional en un asunto que le concierne, sea porque es parte o ha tenido intervención.

En particular, se tiene como antecedente en México en relación con las sentencias de lectura fácil, el Amparo en revisión 159/2013, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el caso de una persona que, aunque era mayor de edad, cierta condición acontecida en su nacimiento le limitó su desarrollo neurológico, al grado que creció con una inteligencia limítrofe, de tal forma que a los 15 años de edad se le realizaron estudios sicológicos en los que se detectó que presentaba la madurez de un niño de seis años; asimismo, fue diagnosticado con Síndrome de Asperger. Respecto de dicho justiciable, su madre promovió una jurisdicción voluntaria para que fuera declarado en estado de interdicción, lo cual fue declarado procedente por un Juez de lo Familiar, lo que conllevó a limitar la capacidad de ejercicio de dicha persona y a requerir la asistencia de su madre para ejercer sus derechos.

Fue tres años después de emitida dicha resolución que la persona en comento fue enterada de que sus derechos solo los podía ejercer por conducto de su madre, por lo que, inconforme con dicha resolución, promovió un Juicio de Amparo, el cual, una vez resuelto, la sentencia dictada en éste tampoco le hacía sentir conforme, ya que en ella únicamente se ordenaba la reposición del procedimiento; sin embargo, entre otras cosas, no se le reconocía su personalidad jurídica y capacidad de ejercicio, ni tampoco se le había respetado su derecho de acceso a la información y no discriminación, al no haberse atendido su solicitud de que la resolución fuera redactada en un lenguaje claro y sencillo. Inconforme con esa sentencia de amparo, promovió recurso de revisión, el cual fue conocido inicialmente por un Tribunal Colegiado, pero a petición del quejoso fue remitido a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue registrado con el número 159/2013 y turnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

En la resolución, la sentencia determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, considerando que el Juez familiar debió delimitar cuál es el grado de discapacidad y con ello la extensión que tendrá la limitación a su capacidad, así como establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía y en qué otros deberán participar el tutor con el fin de brindarle asistencia, fomentando así las condiciones más favorables de autotutela. Asimismo, la Primera Sala determinó que cuando un Juez conozca de un asunto en el cual la resolución se refiera a los derechos de una persona con alguna diversidad funcional, debe redactar, además de la sentencia tradicional y de manera complementaria, una sentencia bajo un “formato de lectura fácil”.

Cabe señalar que de la citada resolución que recayó al amparo en revisión, derivaron diversas tesis, entre ellas la publicada el 13 de diciembre de 2013, identificada con el número de registro 2005141, bajo el rubro: sentencia con formato de lectura fàcil. el juez que conocza de un asunto sobre una persona con discapacidad intelectual, deberá dictar una resolución complementaria bajo dicho formato.

En dicha tesis, se precisó que el “formato de lectura fácil” se encuentra dirigido mayormente a personas con discapacidad para leer o comprender un texto y que dicho formato no sustituye la emisión de la sentencia que debe contener la estructura “tradicional”, puesto que se trata de un complemento de la misma. Las recomendaciones descritas en esta tesis se listan en la Guía para emitir una sentencia en forma de lectura fácil, publicada por el Consejo de la Judicatura Federal. Dicha guía aclara que la estructura de este tipo de sentencias no es universal, sino que debe adaptarse e individualizarse a las necesidades y capacidades de la persona en el caso concreto. Las recomendaciones de la tesis y guía son las siguientes:

  • Personificar el texto acorde a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez.
  • Estructurar el texto de manera clara y coherente.
  • Utilizar un lenguaje simple, directo y cotidiano.
  • Expresar una sola idea por frase.
  • Evitar los tecnicismos, los conceptos abstractos, las abreviaturas y las iniciales.
  • En caso de utilizar conceptos abstractos, éstos deben ser ilustrados con ejemplos.
  • Emplear tipografía clara con tamaño accesible.
  • Párrafos cortos y sin justificar, para un seguimiento de lectura sencillo.
  • Es posible apoyarse en fotografías, gráficos o símbolos.

En este sentido, si bien la Primera Sala al emitir dicha tesis lo hizo en respuesta a la necesidad de comunicar el resultado de un juicio a una persona adulta con discapacidad para leer o comprender el texto, lo cierto es que el “formato de lectura fácil” es útil para hacer accesible la información a los NNA respecto de las decisiones tomadas por el juzgador en los asuntos que les conciernen.

De dicha manera, mediante un documento sencillo, breve y claro, se explica al menor el sentido de la cuestión resuelta, para que éste comprenda cual fue el resultado del caso planteado al juzgador; dicho escrito también debe estar dotado de sensibilidad y empatía. Los NNA son personas con necesidades especiales de protección; por ello, para garantizar su acceso a la justicia y su participación en los procedimientos que les atañen, debe realizarse mediante los ajustes que las autoridades jurisdiccionales adviertan necesarios.